Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) denunciaron que el interventor de la obra social gremial Osprera, Marcelo Petroni, designado por el Gobierno nacional de Javier Milei, suspendió “de manera unilateral e ilegal” el convenio que permitía la atención de los beneficiarios en los 725 puntos de atención y bocas de expendio que el sindicato tiene a nivel nacional, lo que implica dejar «desamparados» a miles de trabajadores rurales, que pasarán a sobrecargar el sistema público de salud.
Las oficinas de Osprera, habilitadas para funcionar en las sedes de Uatre, permitían “ampliar la cobertura sin aumentar las erogaciones de la obra social”, una estrategia por la que el sindicato “aporta los costos de funcionamiento y el personal para la atención a los beneficiarios sin cobrar nada a la obra social”, explicaron desde el gremio encabezado por José Voytenco. El gremio denunció que las medidas tomadas por la intervención “contradicen además la propia esencia del Sistema de Salud de la República Argentina, pues uno de los pilares en los que se funda es el del régimen de las Obras Sociales Sindicales, establecido de esta manera por las leyes y consagrado por la propia Constitución Nacional”. Al respecto, sostuvieron que el no reconocimiento de este “principio fundamental” evidencia “un preocupante desconocimiento, o una deliberada omisión, por parte del funcionario a cargo de la intervención”.
Desde Uatre remarcaron que las funciones de estas Bocas de expendio “son de lo más diversas” (desde una simple gestión de autorización de orden para un estudio clínico hasta “la contención de un paciente ante los reclamos -cada vez más frecuentes- por la merma de prestaciones y cobertura que provoca esta intervención”, especialmente oncológicos y HIV) y explicaron que la intervención omite “referir que los viáticos, traslados y alojamiento de los beneficiarios a los centros de atención están a cargo de este sindicato”.
En el mismo sentido, añadieron que el interventor “ha llegado al absurdo (o en el mejor de los casos, a una muestra de impericia manifiesta)” al reemplazar la atención médica presencial por un sistema de telemedicina, sin considerar que fuera de los ejidos urbanos no existe cobertura digital suficiente, y que dicho formato no se ajusta a las características ni a las necesidades del medio rural. Así, lo que sucede es un “traspaso de la atención médica al sistema público”, que ahora “deberá acoger a esos afiliados expulsados por la desconexión”. “Todas las medidas que tomó la intervención en ese sentido, son ilegales por contrarias a las leyes e ilegítimas, porque el decreto de designación no habilitó al abogado Marcelo Petroni a tomarlas. En ese sentido, defenderemos nuestra obra social”, afirmaron.
UATRE impugnó en instancias judiciales al interventor de su obra social OSPRERA
El propio Voytenco sostuvo que esta medida, “completamente infundada e ilegal”, pone de manifiesto “la falsedad, impericia, deshonestidad intelectual, insensibilidad y perversa crueldad” del interventor. “Las bocas de expendio vienen funcionando desde hace años con un compromiso y una dedicación que una pantalla o celular jamás podrá reemplazar. La atención cálida, humana y sensible que brindan nuestras compañeras y compañeros no puede ser sustituida. Quienes atienden las bocas de expendio conocen a cada afiliado por su nombre, por su historia, por el momento que atraviesa, los sienten parte de su propia familia, porque eso es lo que siempre buscamos ser, desde nuestros inicios: una gran familia”, añadió.
“No se comprende que este cambio haya surgido de la asesoría del Gerente de Servicios a Beneficiarios de la Intervención, Carlos Saúl Castro, y cuente con el apoyo de los Delegados Provinciales que responden a Pablo Ansaloni y que perdieron las elecciones en 2022, ya que deberían conocer las dificultades que atraviesan los afiliados”, agregó. Y concluyó asegurando que el gremio seguirá “tomando todas las medidas necesarias e institucionales para hacer saber la crítica situación que estamos pasando donde un puñado de personajes que se adjudican una representatividad que no tienen son los verdaderos garantes de lo que hace Petroni, Castro, Ansaloni y compañía negándoles a los trabajadores su derecho fundamental”.
