Si bien en varias provincias, las negociaciones paritarias ya están en marcha, la falta de una convocatoria del Ministerio de Educación a la confederación docente CTERA, para discutir pautas salariales en el orden nacional, empieza a poner en duda el inicio del ciclo
lectivo en gran parte del país.
La demora en este tipo de llamado que define el ingreso piso de los trabajadores de la actividad, también se vivió con el Consejo Nacional de Salario y Empleo, que recién se anunció para el próximo 15 de febrero, con el agregado que la intención oficial es
hacerlo de manera virtual.
Esta situación está generando mucha incertidumbre sobre el regreso efectivo a las aulas, ya que muchos dirigentes gremiales lo están leyendo como una provocación, que puede llevar a los representantes de los trabajadores a ser acusados como los responsables del no comienzo del nuevo ciclo escolar.
De hecho, varias provincias, como es el caso de Jujuy, donde se reclama un ingreso no menor a los 500 mil pesos, o el de Tucumán, donde las discusiones del sector educativo no escapa a la situación que atraviesan gran parte de los trabajadores estatales de la
provincia, e incluso Córdoba, después del fracaso al primer intento del gobierno provincial de acordar un incremento salarial, debido a una diferencia muy amplia entre los porcentajes de incrementos ofrecidos y los demandados, también son parte de la alarma
reinante en muchos lugares del país.
De la misma manera Santa Fe, exhibe un panorama muy complejo, con una falta de diálogo entre las autoridades oficiales y los sindicatos, en este caso, tanto con los docentes de escuelas públicas, como de las casas de estudio privadas.
Por supuesto, que Ciudad y Provincia de Buenos Aires serán parte central de la discusión, porque nadie desconoce a esta altura que el conflicto educativo puede llegar a ser parte necesaria de la tensión ya declarada entre el Poder Ejecutivo Nacional y las diferentes provincias, posturas exhibidas por las distintas fuerzas partidarias gobernantes, posicionadas de manera más o menos distantes con las decisiones políticas, económicas y financieras, que determinó el gobierno nacional, después del traspié recibido en la discusión parlamentaria del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados.
