La Presencia de Milei en la Bolsa de Comercio y sus gestiones con la “banca financiera”, lograron la respuesta esperada por la administración libertaria, con pronunciamientos desde la Cámara de Comercio (CAC), comparando la actual situación fiscal, con la conocida metáfora de la economía familiar, en la necesidad de instrumentar “restricciones presupuestarias”, sosteniendo que “no implica insensibilidad, sino que es condición necesaria para lograr una adecuada gestión de los recursos en beneficio del conjunto”.
A través de un comunicado oficial, la CAC salió en defensa de la política económica del gobierno, sin especificar que esas “restricciones”, hoy significan caída del poder adquisitivo, pérdida de empleo y recortes en las coberturas de salud.
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Algo así, como comprender –siguiendo la comparación con la economía del hogar-, que es necesario tener un integrante de la familia despedido por falta de laburo, otro con menor salario, el abuelo sin dinero para acceder a los medicamentos, mientras a la abuela le quitan la posibilidad de cobertura sanitaria para ser atendida en hospitales o clínicas por las patologías de la edad que la aqueja y a los jóvenes de la casa, se les hace cuesta arriba continuar con su proceso formación educativa.
De igual manera, distintas entidades representativas del sector privado y del sistema bancario, con las asociaciones que la conforman, respaldaron la posibilidad de veto presidencial a los incrementos destinados para el mejoramiento de los haberes previsionales, el presupuesto para contener a las personas con invalidez, o la instrumentación de partidas para sostener la investigación científica (CONICET, INTA, INTI y otros entes), más el desarrollo de emprendimientos tecnológicos y de energía (ARSAT y otros) y nutrir el funcionamiento de las universidades y las coberturas de salud púbica o hasta incluso privada, frente a complejas enfermedades como las oncológicas, incluido en niños e infantes, como es el caso del Hospital Garrahan.
El Poder Ejecutivo recoge este respaldo y lo exhibirá a los gobernadores y sus representantes parlamentarios, en lo que será la continuidad de las negociaciones legislativas, en contexto de proceso electoral recargado.
