Esta semana el Gobierno nacional definió la desregulación del mercado de las garrafas de gas, con lo que inmediatamente se produjeron aumentos significativos que impactan duramente en los ya golpeados bolsillos de los sectores populares.
Tras la publicación de la resolución para reemplazar el concepto de «precios máximos» por el de «precios de referencia» (que fueron fijados en 8.500 pesos para la garrafa de 10 kilos, en $10.200 para la de 12 kg y en $12.750 para la de 15 kg), se registraron aumentos importantes en todos los puntos de expendio.
“El incremento allí determinado constituye una instancia transitoria a fin de paliar la actual situación económica del sector, y garantizar el abastecimiento del mercado interno, hasta tanto se adopten las medidas necesarias teniendo en cuenta el objetivo de desregularización del mercado de GLP”, justificaron desde el oficialismo, al tiempo que aseguraron que la desregulación del mercado del gas licuado producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión.
Más allá de las promesas oficiales, el impacto más inmediato fue una suba de hasta 2000 pesos en la garrafa de 10 kilos, la más utilizada en los barrios populares a los que no llegan las redes de tendido de gas natural. Según estimaciones, el 40% de los hogares argentinos sigue utilizando el gas licuado para cocinar.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el marco de un acto de entrega de viviendas en el municipio de Malvinas Argentinas, cuestionó la resolución de la Secretaría de Energía planteando: «Hoy liberaron el precio de las garrafas, eso no es gasto público, es poner cordura y solidaridad en un lugar donde solo hay lucro y crueldad. No es ajuste, es crueldad contra los que menos tienen. Es no gobernar para las mayorías, algo que probadamente no les importa».
