La derogación del Estatuto de los Viajantes “pone en riesgo la estabilidad laboral de más 90 mil familias en todo el país”

La Federación Única de Viajantes Argentinos (FUVA), se presentó en el Senado de la Nación para informar en detalle a los legisladores de la cámara alta del Congreso Nacional sobre el peligro que puede implicar la derogación del actual Estatuto del Viajante, “poniendo en
riesgo la estabilidad laboral de más de 90.000 familias en todo el país”; si se aprueba la llamada dentro del proyecto de Ley Bases, tal como llegó al recinto con media sanción de Diputados.

Tanto Sebastián Rodríguez, Secretario de Encuadramiento, como Gustavo Fita, Secretario de Asuntos Laborales de FUVA; dieron detalle durante el plenario de comisiones del Senado, de lo que puede implicar para los Viajantes Vendedores, la derogación de la ley 14.546, que contiene el estatuto de vinculación laboral que sustenta el Convenio Colectivo de la actividad.

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Según detallaron ambos integrantes de la conducción del gremio en el orden nacional, de aprobarse la derogación de esta ley sancionada en el mes de septiembre de año 1958, “los viajantes quedarían sin régimen de trabajo y perderían derechos consagrados, como la
indemnización especial por clientela, que significa el 25% adicional en la liquidación y las comisiones por cobranzas, entre otras conquistas alcanzadas desde el campo sindical”.

En este sentido, especificaron que “con la derogación del Estatuto del Viajante se verán afectadas más de 50.000 familias de forma directa, que hoy se encuentran encuadradas en los tres convenios colectivos de la actividad, y unos 40.000 trabajadores vendedores que se
encuentran en condición de monotributistas”.

«Esta derogación no le conviene a nadie” –afirmaron-, “ya que a los trabajadores les saca derechos y les quita el marco laboral”, a través del cual, están vinculados con especificación de tareas, definidas en acuerdos con las cámaras del sector.

La intención de derogar este marco de encuadramiento laboral, ya formó parte del DNU 70/2023, que luego de ser llevado a la Justicia por FUVA, fue frenada su aplicación, a través de una medida cautelar dictaminada desde el fuero Nacional del Trabajo.