Después de que este miércoles la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil los representantes del Gobierno, las cámaras empresariales y representantes de Confederación General del Trabajo (CGT) y de la CTA de los Trabajadores acordaran un aumento del 28% en tres tramos para el haber mínimo, desde la CTA Autónoma (CTA-A), la única organización que no suscribió el acuerdo, denunciaron que el poder adquisitivo se redujo 35,7% en los últimos cuatro y plantearon que ese debería haber sido el primer parámetro a tomar en cuenta para la recomposición.
El aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se aplicará con aumentos de un 12% este mes que llevará los actuales %16.875 a $18.900, otro 10% en diciembre ($20.587) y un 6% más en marzo para llegar a $21.600. El acuerdo fue tener otra reunión de evaluación en el mes de abril.
Desde la cartera laboral de Claudio Moroni festejaron el acuerdo y explicaron: “Después de tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019) en los que el monto del salario, por falta de consenso entre empresarios y sindicalistas, se fijó de manera unilateral por laudo, en esta oportunidad se logró por consenso”. La propuesta fue votada en la reunión plenaria por una mayoría de 31 votos positivos, con la única oposición de la CTA-A.
Salario mínimo: CGT, CTA y cámaras acordaron un 28% de aumento del mínimo en 3 tramos
Desde esta central, encabezada por Ricardo Peidro, denunciaron además que no se les permitió participar del debate previo en la Comisión de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde se logró el acuerdo que luego se llevó al plenario. Peidro rechazó esa decisión por considerarla “arbitraria” y consideró: “Parecen querer evitar una voz disonante en medio de la crisis que estamos atravesando”. Esto fue denunciado en el plenario, planteando que “se impidió plantear las necesidades y propuestas de un importante sector de trabajadores y trabajadoras”.
Desde la CTA-A también señalaron que el acuerdo para volver a reunirse en abril, no garantiza siquiera que allí vaya a acordarse otro aumento. En este sentido, recordaron que el empresario Daniel Funes de Rioja reconoció que “cuando decimos que estamos dispuestos a revisar el acuerdo en abril, no significa que esto sea una clausula gatillo y automáticamente vamos a convalidar un incremento”.
Peidro además recordó que el salario mínimo debería contemplar a los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, empleados y empleadas rurales, así como a algunos sectores de la administración pública provincial y municipal, como también al personal que cumple “tareas de cuidado”.
Desde la CTA-A compartieron datos de su Observatorio del Derecho Social que explican que el acuerdo firmado este miércoles en realidad “convalida una caída del 9% en el año y vuelve a niveles de 2004”, cuya consecuencia es que el Salario Mínimo, Vital y Móvil vuelva a funcionar como “ancla salarial” o “una señal que limite la puja distributiva en aquellos sectores que todavía tienen margen para pelear por mayores salarios”.
Según la central encabezada por Peidro, el acuerdo también le pone un límite a reclamos que podrían formularse en sectores que suelen tomar el SMVM como referencia (casas particulares, sector público provincial y municipal, economía popular). Así, concluyeron que la firma de este aumento implicó perder “una oportunidad para impulsar una política salarial que fortalezca los ingresos de los sectores de menores recursos”.
