Este viernes la Confederación Sindical de Trabajadores/Trabajadoras de las Américas (CSA), representativa de más de 55 millones de trabajadores de la región, con afiliación y presencia en 21 países del continente, expresó “su más enfático rechazo”, a la llamada “Gestapo” macrista.
Desde la organización sindical repudiaron “las políticas de persecución, criminalización e inculpación de sindicalistas por parte de una planificada estrategia de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la ex-gobernación de la provincia de Buenos Aires en épocas de gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, del ex Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, y de otros responsables, que incluye a miembros del Poder Judicial de la República Argentina”.
La CSA consideró muy graves los hechos denunciados hace algunos días mediante la difusión de un video de reuniones secretas realizadas en 2017 por funcionarios para “trazar un plan para afectar y debilitar a organizaciones sindicales representativas de trabajadores del ámbito público y privado”, llegando al extremo de proponer una “Gestapo” antisindical, como planteó Villegas.
Luego remarcó que “es importante destacar que la política del gobierno de la provincia de Bs.As. estaba íntimamente relacionada con el proyecto del gobierno Federal del presidente Mauricio Macri, ejecutado en varias oportunidades mediante instrumentos como el espionaje, la acción policial y jurídica en contra de dirigentes sindicales sociales y políticos”.
En ese contexto, recordó que esta “persecución y criminalización de dirigentes sindicales y sociales y de las protestas” constituye “una política conocida en las Américas, ya que obedece a la lógica del modelo económico neoliberal que privilegia el mercado y las ganancias por encima de los derechos de los trabajadores/as y de la población en general”. También remarcó que “su aplicación es implementada por los gobiernos de derecha y de extrema derecha en nuestra región, que hace de su fundamentalismo neoliberal una práctica de ataque a la democracia y al propio estado de derecho”.
La CSA destacó que la visualización del video por redes sociales permitió verificar públicamente la gravedad de la situación, “que significa una grosera persecución sindical que ha motivado la presentación de recursos por parte de las centrales sindicales argentinas ante organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos” y recordó que en casos similares el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó sobre el “peligro que para el libre ejercicio de los derechos sindicales representan las condenas pronunciadas contra representantes de los trabajadores en el ejercicio de actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes”.
Desde la central gremial subrayaron que “los hechos verificados constituyen una flagrante violación de las garantías más elementales del Estado de Derecho, afectando los derechos ciudadanos y a la Democracia y su institucionalidad misma como ideal de convivencia social”. Luego recordaron que la resolución sobre “Los derechos sindicales y su vinculación con las libertades civiles” de la OIT de 1970 reconoce los derechos de las organizaciones de trabajadores se basan en el respeto de las libertades civiles y que “el concepto de libertades sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles”.
Según esta resolución de OITA, entre las libertades civiles esenciales en sí mismas y como presupuesto del ejercicio de la libertad sindical figuran “el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias”; la “libertad de opinión y de expresión, y en particular, de sostener opiniones sin ser molestado” y el “derecho a proceso regular por tribunales independientes e imparciales”.
Moyano afirmó que «salió a la luz la estrategia para criminalizar organizaciones sindicales»
A continuación remarcan que los hechos denunciados en los últimos días confirman además la denuncia de las centrales sindicales argentinas efectuada en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las acciones tomadas por el gobierno de Cambiemos para “criminalizar la protesta social, estigmatizar dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones) y jueces, restringiendo de diversas maneras la actividad sindical.
En ese contexto, la CSA pidió a las autoridades pertinentes de la República Argentina “la urgente dilucidación y determinación de las responsabilidades de los partícipes de las reuniones y confabulaciones de manera firme para erradicar este tipo de maniobras lesivas de los derechos civiles, políticos y sindicales de las personas que trabajan” y demandó a los organismos internacionales (OIT, CIDH, Corte IDH, CIMT, CELAC) “que se mantengan atentos y vigilantes a la situación de persecución de la acción sindical, los sindicatos y a los dirigentes en nuestra región”.
