La crisis de la cerealera Vicentin, que hace algunas semanas argumentó “stress financiero” para no pagar una deuda de 350 millones de dólares, lo que luego derivó en un escándalo por millonarios créditos impagos al Banco Nación, además plantea una seria preocupación para sectores gremiales que ven peligrar cientos de puestos de trabajo en sus plantas de San Lorenzo y Ricardone, zona de Gran Rosario, provincia de Santa Fe. Esta semana la Justicia de Reconquista se declaró competente en la causa y dio un plazo de diez días para abrir el concurso preventivo solicitado por Vicentin.
Este viernes referentes gremiales y políticos santafecinos y de nivel nacional acordaron crear una mesa de trabajo para tratar de garantizar que se reactive cuanto antes la actividad en de la empresa y se garantice la defensa de los puestos de trabajo. El acuerdo se selló en el marco de una convocatoria amplia de la CGT San Lorenzo, de la que participó el ministro de Trabajo provincial Roberto Sukerman junto a intendentes del cordón industrial, concejales, legisladores provinciales y nacionales, además de representantes gremiales nucleados en el Movimiento Obrero Santafesino (MOS), la Central de los Trabajadores Argentina (CTA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Movimiento Sindical Rosarino (MSR).
Durante el encuentro se acordó acudir a la Justicia, a la Legislatura y a los Ministerios de todos los niveles con el planteo de que no se permita la compra de ninguna de las unidades productivas de Vicentin para su cierre. Jesús Monzón, líder del confederal, manifestó que el objetivo es crear una mesa de trabajo donde se pueda garantizar el seguimiento del caso.
Organizaciones populares piden la «estatización» de Vicentin
El diputado santafecino Carlos del Frade (FSP) se comprometió a pedirle explicaciones al vicepresidente primero de Vicentin Alberto Macua cuando concurra a la comisión de asuntos laborales de la Cámara baja. Del Frade también propuso que sumar a la mesa a los trabajadores de la empresa en el norte de la provincia que enfrentan la misma incertidumbre.
El intendente de San Lorenzo Leonardo Raimundo manifestó: “No vamos a permitir que nadie compre ninguna de las unidades productivas para cerrarla. Desde San Lorenzo vamos a exigir un plan de sustentabilidad”. Y añadió: “Hay que exigir el funcionamiento de la empresa ahora porque ya está peligrando el pago de salarios y hay mil personas que tienen que cobrar. Caso contrario, va a haber un parate económico en toda la región”.
Pablo Reguera, secretario General del sindicato aceitero, remarcó que el objetivo es que “como sea Vicentin arranque” y agregó: “La mesa no será tan chica porque quieren estar todos los sectores, eso nos da la tranquilidad de que vamos a estar representados. Para el viernes tendremos los nombres de los que la integran y vamos a plantear el plan de acción, porque en marzo con la llegada de la cosecha tenemos que estar plantados con la bandera del trabajo”.
