La Corriente Federal propone un urgente cambio del esquema de movilidad jubilatoria

La idea de avanzar con nueva fórmula de movilidad jubilatoria, convocó a los gremios del sector relacionados a la tercera edad para que den su parecer al respecto en la Comisión
Bicameral legislativa que comenzará a trabajar para que el próximo aumento a los trabajadores pasivos ya se vea afectado por una nueva ley y no por un decreto del Ejecutivo.

Como representante de la Corriente Federal, Carlos Ortega señaló que lo “fundamental para nosotros es conformar un corpus con todas las cuestiones de la previsión”, que en principio incluye el “blindaje del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” y por otro lado “a la búsqueda de un sistema previsional inclusivo”.

Para ello, Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de ANSES insistió que “es necesario, en forma urgente, cambiar el esquema de la movilidad”, y sugirió “retrotraernos al 2009, a la creación de la ley SIPA concatenada no solamente a los salarios sino también al esquema del crecimiento económico del país”, que a través de la fórmula RIPTE y el incremento país, durante 6 años los aumentos jubilatorios superaron ampliamente la inflación”.

“Tomemos la primera ley, la ley SIPA y posteriormente cuando acompañe el crecimiento del país tengamos una ley de movilidad que ajuste para llegar al tan ansiado 82% móvil”, apuntó. Es decir, su planteo apuntó a que “armemos algo muy provisorio hasta que se resuelva la pandemia y no se sigan achatando los salarios y poner la fórmula del 2009, y posteriormente hacer una ley de inclusión y generar una moratoria para que los trabajadores que durante 4 años quedaron afuera afuera por “la pandemia amarilla, -refiriéndose a Macri- se puedan jubilar”, disparó.

Con la llegada de Fernanda Raverta a la presidencia de ANSES, la actividad fue declarada esencial y hoy ya permanecen abiertas el 89% de las oficinas de todo el país, cumpliendo un rol clave vinculado a la pandemia, como es el pago del Ingreso Familiar de Emergencia, una ayuda estatal que alcanza a casi 9 millones de personas, además de la Asignación Universal por Hijo y todos los servicios habituales, muy vinculados a la territorialidad, cuestión que desde el gremio remarcaron como «fundamental».