Durante el segundo semestre de 2018, la construcción cayó un 7% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que implica la pérdida de unos 15 mil puestos de trabajo. Para este año el Gobierno nacional había prometido compensar el recorte de la inversión en obra pública por la vía de los Proyectos de Participación Público-Privada, pero la crítica situación de la economía nacional también ha puesto en duda que éstos se lleven adelante.
Según fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el recorte presupuestario de más de 30 mil millones de pesos para la obra pública en el segundo semestre del año pasado fue uno de los factores fundamentales del retroceso, aunque también se toman en cuenta los emprendimientos privados.
El informe de la cámara sectorial además considera que los PPP no abren grandes esperanzas: “En el caso de las obras viales y de generación eléctrica, van a arrastrar muy poco empleo, cuando se puedan poner en marcha. Además, la obra privada no va a crecer por factores como la incertidumbre electoral y las tasas de interés”.
Camarco denunció además que los pocos proyectos de obra pública en marcha sufren fuertes recortes y retrasos en los plazos de ejecución, particularmente porque las transferencias de la Nación a los distritos pasaron 60 días en promedio a más de 120 días. “Las provincias y las empresas ya no cobran hace mucho tiempo a 60 días, sino a 120 días en todo el país. Es impensado que la actividad vuelva a impulsarse por lo que veremos un empeoramiento”, detallaron.
Esta situación provocó además una fuerte crisis en la cadena de pagos a proveedores, lo que sumado a los constantes incrementos del precio de los materiales para la construcción (dolarizados en su mayor parte), configura un escenario gravísimo para el sector.
Para visibilizar la problemática, la Cámara Salteña de la Construcción publicó una solicitada en la que anticipó la “inevitable” paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.
