Una delegación encabezada por el Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Juan Carlos Schmid, también titular de Dragado y Balizamiento y de FEMPINRA; junto a Juan Pablo Brey, secretario de prensa de la central del transporte y Secretario General de Aeronavegantes; a Omar Pérez y Hugo Moyano hijo, del Sindicato de Camioneros; y Pablo Biró del gremio de Pilotos Aéreos, le presentó a la Directora en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gabriela Luna Camacho, un documento, donde desarrollaron el accionar del actual gobierno libertario «implementando normativas que cercenan y limitan los derechos, de reunión, de protesta, de huelga y la libertad sindical».
Allí los integrantes de la conducción de la CATT también denunciaron que «la estigmatización de dirigentes y la persecución económica y penal al ejercicio de los derechos esenciales ha tenido episodios permanentes, conjuntamente con el despliegue de una política que reprime cualquier expresión de la protesta social”, marcando como punto de inicio de esta política el 10 de diciembre de 2023, «desde el mismo inicio de este gobierno».
Los dirigentes sindicales presentaron como prueba de estas actitudes de la actual administración de gobierno “la presencia de personal militar en los aeropuertos y el DNU 70/23, que ha pretendido regular la Huelga de manera restrictiva violentando los principios generales, receptados en nuestra Constitución e incorporados al Derecho Internacional que sostiene la OIT”.
Asimismo afirmaron que “el dictado de la resolución del Ministerio de Seguridad 943/23 denominado Protocolo antipiquetes, criminaliza la acción sindical y social, vulnerando el derecho a la protesta haciéndola de imposible cumplimiento”, y denunciaron que la intimación económica a la CGT «por multa millonarias, por supuestos incumplimientos al protocolo a numerosas organizaciones sindicales, algunas integrantes de la CATT, cargando a las mismas con los supuestos costos de seguridad de los irracionales operativos montados”.
Por último, en el documento expresa que “con estas señales, la denominada Ley Bases, 27.742, y la represión de las manifestaciones en plaza de Congreso el 12 de junio de 2024, se ejerce una política general de criminalización del conflicto laboral, con permanentes denuncias antes los fueros federales, y la estigmatización y persecución de los dirigentes, que encabezaban los conflictos, como en el caso Aerolíneas Argentinas”.
Y concluyeron: “la instrumentación del disciplinamiento que representa la modificación, del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en materia de despido, deja la puerta abierta para despedir por huelga o protesta, y son cuestiones, que han colocado a Argentina, por fuera de los consensos básicos en materia de Derecho Humanos y Sociales”.
