Tras el anuncio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto del protocolo contra la movilización y la protesta social, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) solicitaron la intervención “con carácter de urgente” del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Junto con cientos de otras organizaciones gremiales, sociales y políticas, también denunciaron los peligros de la reglamentación ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una carta dirigida a Gilbert Houngbo, director de la OIT, las centrales de trabajadores pidieron su intervención “urgente” y denunciaron “violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)” , reclamando la intervención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. En la carta afirmaron que el protocolo se enmarca en un plan de ajuste fiscal y cambiario del nuevo Gobierno que “generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina”, lo que “dinamitará el poder adquisitivo de los salarios” y “pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.
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En ese marco, las centrales obreras denunciaron que el protocolo constituye “una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales” y que “contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación”. Y agregaron: “El anunciado protocolo muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal”.
El texto además, sostiene que la intención oficial es la de “sembrar temor” entre trabajadores y organizaciones que pudieran convocar a la protesta y alertaron que “de cobrar efectividad el protocolo se instauraría un mecanismo represivo que atenta contra los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), tratados internacionales y Pactos conexos y los comentarios y recomendaciones de los órganos de supervisión de la OIT”.
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En simultáneo, más de 1700 organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos denunciaron ante la Oacnudh y la CIDH los peligros de este protocolo y reclamaron el “cese” de su aplicación, a horas de la movilización convocada por un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001. Entre los firmantes de la petición se cuentan las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la CTEP, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.
Después de denunciar que “la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social”, se le pide a los organismos internacionales que “exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”.
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En el mismo sentido, en las últimas horas el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de organismos de derechos humanos presentaron un “habeas corpus preventivo” para que no se aplique el protocolo contra la marcha convocada para este miércoles. La abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha Liliana Alaniz, también firmante del recurso, resumió: “Interpretar que una manifestación per se es un delito en flagrancia es un error, que va en contra de lo que dice el Código Procesal Penal. En ese sentido esperamos esta resolución que deje sin efecto el protocolo para la movilización de día de mañana y en particular lo hemos centrado en las cabeceras de estaciones de trenes y puentes que es por donde anunciaron que nos iban a estar persiguiendo”.
