Grandes avances pudieron lograr los movimientos sociales en esto de conformarse como sindicato, un viejo sueño que siempre encontró dificultades y resistencias. Pero sortearon obstáculos, lograron los avales -también políticos- se reunieron en Asamblea y alcanzaron la declaración como entidad gremial.
También lograron un segundo paso: hacer un lanzamiento ruidoso –aunque no asistió el presidente, Alberto Fernández- si lo hizo, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social y uno de sus mentores, además de otros funcionarios de primera línea que convalidan el proceso y además «lo empujan».
No por casualidad también, en el primer Encuentro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, en el micro Estadio de Ferro, se reiteró en nombre del papa Francisco, al que uno de sus oradores, Gildo Onorato, uno de sus delegados hizo honor: «los pobres ya no esperan, se organizan y luchan».
Ahora vienen nuevos desafíos, que tal vez sean más lentos, aunque ya están en proceso: la presentación administrativa en el Ministerio de Trabajo -cuestión que descuentan- les será favorable y algo un tanto más engorroso, el logro de un viejo sueño: «ser un gremio confederado».
Será tal vez que desde la política haya que volver a dar «otro empujón» como el día que Fernández visitó la sede de Azopardo al 800 y paralelamente los movimientos sociales –como nunca antes- ocupaban sillas entre el sindicalismo tradicional.
Eso pareció en algún momento allanar el camino, pero definitivamente, la incorporación del sindicato de la Economía Popular genera resistencias en la CGT. La idea de “unidad” fue parte de la campaña y del apoyo a Alberto Fernández, particularmente unidos en el espanto de la gestión Macri y de las nefastas consecuencias para la clase trabajadora: pérdida de salario y de empleo en cifras impensadas, pero hay dudas sobre los alcances de esa supuesta unidad y de un ingreso de fácil acceso.
Los líderes gremiales históricos se oponen al acuerdo anunciado la semana pasada y no tienen previsto reconocer al nuevo sector dentro de la Confederación, aunque ninguno acepta reconocerlo en público. Si bien la nueva conformación sindical de los movimientos sociales tiene muy buena relación con Héctor Daer, los principales dirigentes de la CGT «se miden» el pulso.
Contribuye que, para el presidente Alberto Fernández -de muy buena llegada con el sanitarista-, “es muy importante” que los trabajadores de la Economía Popular se agrupen en una nueva organización que los defienda. La Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (Somos) y el Frente Popular Darío Santillán ya lo conformaron, pero ”pasará mucha agua abajo del puente» para hacerse de los requisitos que los habiliten a sentarse a la mesa de discusión de la Central Obrera o a ser un día potenciales secretarios generales de la Confederación.
«Esto no sucederá», auguran algunos, -por lo menos- hasta que se renueven autoridades en la CGT en agosto del 2020. Y también dependerá de quien encabece por cuatro años la central -si definitivamente se abre o no la puerta de Azopardo- para los “cayetanos” propulsores de “Tierra, Techo y Trabajo”.
Por lo bajo, las razones de la negativa dichas “bajo cuatro llaves” son que la Economía Popular se maneja bajo el formato del cooperativismo y ello deriva ya en los sindicatos del rubro que tienen características propias: es decir, si hacen veredas o cordones cuneta en los barrios, los albañiles pertenecerán a la UOCRA, si fabrican ropa, pertenecerán a textiles, si fabrican comidas o envasados irán a gastronómicos. Y así una enorme cantidad de actividades que pueden estar comprendidas en los más de 240 gremios que hoy están afiliados a la CGT.
Pero los movimientos sociales son obstinados y desdicen algunos argumentos que se intentan instalar. Desmienten ser una entidad de tercer grado al igual que la CTA y la CGT e insisten con ser un «gremio de base» de representación directa pues son una «Unión de Trabajadores y Trabajadoras» con distintas ramas. Es más, La CTEP, Barrios de Pie, el EVITA desaparecerán como tales.
Y si bien, todo el arco sindical les reconoce el trabajo que vienen haciendo, el encuadramiento que han logrado, la puesta en valor del rol fundamental que cumplen junto a la Iglesia, en cuanto a generar espacios para contener trabajadores desocupados, pretenden ingresar a la Confederación General del Trabajo y harán el camino «por más sinuoso que resulte».
Un segundo y gran problema es que sus afiliados deben contar con una obra social, cosa que no ocurrirá con el monto de los aportes generados por salarios menores al mínimo. El problema también se plantea de ingresar cada uno a un sindicato conformado por ser bajísimo el aporte y siendo que las obras sociales están también en “estado de emergencia”.
Pero para ello también tienen respuesta. Podrían revisar la situación de la Obra Social de Trabajadores de la Economía Popular (Ostep), la precaria obra social que nació a la luz de los movimientos sociales y que cuenta con casi medio millón de afiliados que como requisito necesitará un servicio de mayor estructura y calidad.
En consonancia, la obra social que conduce Emilio Pérsico, el histórico dirigente del Movimiento Evita, tiene el “estatus jurídico” que logró hace más de cuatro años, antes de que finalizara el mandato de Cristina Kirchner. «No partimos de cero tampoco en ésto» expresaron.
«Tenemos los puentes» aseguraron los principales dirigentes sociales, «los pobres no nos quedamos quietos», repitieron convencidos de que «otra lucha más es posible». Al parecer ésta no es la preocupación justamente de quienes vienen batallando día a día en los barrios, las «situaciones más difíciles» que puedan abordarse desde una organización.
