Este miércoles se concretó la primera reunión la “mesa de Diálogo Social” que impulsa el Gobierno de Javier Milei para debatir la implementación de la Ley Bases. La Confederación General del Trabajo (CGT), que en principio había confirmado su participación, decidió no sumarse al organismo después de que el oficialismo multiplicara su ofensiva contra el salario de los trabajadores con la reglamentación de Ganancias y el cuestionado aumento del mínimo en el Consejo del Salario. La mesa ya no será “tripartita” sino meramente un organismo de coordinación entre gobierno y empresarios, que buscan endurecer la reforma laboral.
En este sentido, la representación empresarial instó a profundizar la reforma laboral, avanzando con formulaciones más en sintonía con el DNU 70/23 (hoy congelado por la Justicia, gracias a los amparos de la CGT y las CTA), muchos de cuyos aspectos más polémicos fueron suavizados en la formulación final de la Ley Bases. Así se busca avanzar con nuevas formulaciones que habiliten el despido de trabajadores sean parte de bloqueos u ocupaciones a las empresas o desactivar la prohibición de despidos por discriminación.
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Según informaron desde la Secretaría de Trabajo participaron de la reunión la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central de la República Argentina Santiago Bausili y el secretario de Trabajo Julio Cordero. Según el propio Cordero, el propósito del encuentro sería “ir incorporando propuestas nuevas para la modernización laboral”, con el objetivo de “para promover condiciones que generen empleo genuino y de calidad en el país”.
También estuvieron presentes la representante de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina Sara Luna Camacho, la senadora presidenta de la comisión de trabajo del Senado Carmen Álvarez, el diputado nacional Sergio Eduardo Capozzi y el secretario de Coordinación de la Secretaría de Producción del Ministerio de Economía Juan Pazo. Además, se sumaron el juez Manuel Diez Selva, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Juan Ignacio Orsini, representando a la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo; Mónica Novera e Inés Arias por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, y Karina Castillo y Sebastián Carcavallo, por el Colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
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Por el sector empresarial participaron los representantes técnicos de la UIA Juan José Etala y Laura Giménez, Cecilia Tineo de ADIMRA, Verónica Sánchez de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Jorge Hulton de la Cámara Argentina de la Construcción, Pablo Devoto, de la Cámara Argentina de Comercio, Abel Guerreri de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Valls y Carlos Zurita Barbosa, de la Asociación de Bancos Argentinos. También fueron invitados dirigentes de la CAME (Juan Pablo Diab, Julián Jajurín y Vicente Lourenzo), de la Confederación General Empresaria (Raúl Zylberman) y de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (Rodolfo Llanos).
Hasta ayer se manejaba la posibilidad de, pese a la posición oficial de la CGT, se sumen a la mesa Marta Pujadas (UOCRA), Federico West Ocampo (Sanidad) y Alberto Tomassone (Comercio). Los dos primeros no participaron, pero sí lo hizo Tomassone, representante legal del titular de la Federación de Empleados de Comercio Armando Cavallieri (uno de los dirigentes gremiales que más tempranamente buscó el diálogo con el Gobierno, sosteniendo ya en diciembre una cuestionada reunión con Pettovello y el entonces titular de Trabajo Omar Yasín). Esta participación, que fue valorada por el Gobierno, podría sumar tensiones a la disputa entre el sector más dialoguista y el más confrontativo que está en curso en la central obrera.
