Luego del reciente fallo del juez de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo, donde dispone que sea el gobierno porteño, el que custodie la organización de la próxima marcha de los jubilados del miércoles 9 de abril y ordena al Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, a “que se abstenga de intervenir en la protesta, más allá de los límites de protección de intereses federales”, la Confederación General del Trabajo (CGT), resaltó en un comunicado oficial, que la medida “ratifica que el distrito porteño posee plena competencia en materia de seguridad dentro de su jurisdicción, incluyendo de manera expresa el entorno del Congreso Nacional”.
Justamente la demanda fue presentada por la propia CGT, que movilizará el día 9 previó al paro nacional convocado para el jueves 10 de abril. “En este sentido” –destacan desde la central sindical-, “se declara que la Policía de la Ciudad, es la fuerza primaria responsable del orden público en todo el territorio porteño, incluyendo calles, plazas y accesos próximos al Congreso, reafirmando la autonomía consagrada por la Constitución Nacional y la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia”.
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Paralelamente, “se limita la actuación de las fuerzas federales, que solo podrán intervenir mediante solicitud expresa o bajo coordinación formal con las autoridades locales, prohibiéndose cualquier despliegue unilateral por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación u otros organismos federales”.
El Consejo Directivo Nacional define como “clave” el fallo, en cuanto a “la aclaración de competencias del Congreso Nacional, el cual conserva su autoridad exclusivamente dentro de sus recintos legislativos y edificios administrativos, sin jurisdicción sobre el espacio público adyacente, el cual permanece bajo control de la ciudad”.
Por eso la CGT advierte “que esta decisión judicial establece un marco normativo claro que debe guiar la planificación y ejecución de manifestaciones, garantizando que la responsabilidad operativa recaiga en las autoridades locales de CABA, con pleno respeto a los derechos de reunión, expresión y participación democrática”. Y hace “un llamado firme a todas las autoridades a actuar con responsabilidad institucional, evitando la criminalización de la protesta y garantizando el ejercicio de los derechos sociales y constitucionales del pueblo argentino”.
