La CGT repudió la visita de legisladores de Milei a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad

La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió públicamente la visita de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLC) a ex-miembros de las fuerzas armadas que se encuentran detenidos en el Penal de Ezeiza, condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar (incluyendo al ex marino Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por delitos de secuestro, tortura y desaparición).

Participaron los legisladores oficialistas Belgrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Y entre los genocidas estuvieron, además de Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo) y Adolfo Donda, entre otros, todos con múltiples condenas, varias de ellos a prisión perpetua. La visita, que implica una abierta reivindicación del genocidio, viene generando múltiples reacciones y pedidos de sanción contra los legisladores, desde organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos.

Desde la CGT recordaron que Benedit, uno de los legisladores que organizó el encuentro, manifestó: “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista (…). Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y emiten fallos en función a la venganza, la ideología y el negocio (…). Sus fallos violan las leyes y los tratados (…). El presidente combate en la política a esta ideología (…) y su última guarida es el poder judicial, al que vamos a combatir, denunciando públicamente en el Consejo de Magistratura a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa”.

El comunicado de la CGT, firmado por Maia Volcovisnky y Julio Piumato, cosecretarios de Derechos Humanos de la central obrera, remarca que “los trabajadores y el movimiento obrero organizado fueron las principales víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura genocida”, hecho que se confirma no sólo por representar el 70% de las desapariciones sino también por la Orden de Batalla de Estado Mayor Conjunto firmada por el Gral Viola en abril de 1977, donde claramente se establece que “el objetivo de la represión era el movimiento obrero organizado para impedir que la resistencia obrera en defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores hiciera fracasar el Plan de Martínez de Hoz”.

En este sentido, el comunicado gremial reivindica que la “heroica resistencia” del movimiento obrero “fue una de las causales principales de la conquista del retorno a la democracia”. Y añade: “Esa lucha épica y los centenares de miles de víctimas (entre desaparecidos, secuestrados, perseguidos, despedidos y encarcelados) se siente bastardeada por la actitud de estos «legisladores» que pisotean la dignidad, la memoria y la gloriosa historia del movimiento obrero organizado argentino”.

Y concluye: “Los sindicatos nucleados en la CGT manifestamos nuestro más absoluto repudio ante lo que significa un avance negacionista y que pretende avanzar en un proceso de impunidad, que incluye un claro ataque a las políticas de Memoria, Verdad y justicia que el pueblo argentino construyó a lo largo de estos 40 años de democracia”.