Este lunes la Confederación General del Trabajo (CGT) hizo pública su solidaridad con el Secretario Adjunto del gremio docente portelo Jorge Adaro y con otros dos docentes sancionados, ratificando el pleno derecho de trabajadores y trabajadoras a llevar adelante acciones sindicales sin represalias.
La amenaza de sanciones contra Adaro y los docentes Juan Manuel Di Vicenzo y Jonathan Parella responde a una acción gremial que se llevó adelante el pasado 17 de septiembre en la escuela 19 de Villa Soldati, cuando decidieron aprovechar la visita del Director General de Educación de Gestión Estatal del Gobierno porteño Fabián Capponi al establecimiento para hacerle notar mediante la instalación de unos carteles los reclamos puntuales y denuncias que la docencia de la escuela sostenía en relación. Frente a esto, la cartera educativa encabezada por Soledad Acuña amenazó con iniciarle un sumario a los tres, acción que desde el gremio docente fue repudiada, posición que ahora recibe el apoyo de la CGT.
Pero además Adaro remarcó que la amenaza de sanciones fue realizada por Acuña desde un programa de televisión, sin cumplir con ninguno de los protocolos que marca la ley al respecto: «La ministra se maneja en campaña permanente y por las redes sociales, por ejemplo, de todo esto que debió haber comunicado de manera formal que estamos con un sumario, nos enteramos por redes sociales. Eso es lo único que le interesa a la ministra, no le interesa mejorar las condiciones en las escuelas, no le interesa que la educación avance, lo que le interesa es hacer de esto una campaña permanente».
Al respecto, desde la central obrera plantearon: «Instamos a las autoridades a dejar sin efecto el intento de sancionar a cualquier trabajador o trabajadora por el hecho de haber llevado adelante una protesta de carácter gremial». Y añadieron: «Los diferendos de origen sindical deben ser resueltos a través de la necesaria discusión y diálogo en los ámbitos pertinentes y no en aquellos organismos creados para evaluar y sancionar, o no, desempeños profesionales».
El texto firmado por los secretarios Generales de la CGT Héctor Dáer y Carlos Acuña, además de el secretario de Políticas Educativas Sergio Romero y el secretario de Prensa y Comunicación Jorge Solá, concluye ratificando que «el expresarse y realizar acciones de protesta es un derecho constitucional que asiste a cada trabajador y trabajadora».
