En el marco de la decisión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de presentar este lunes una denuncia contra funcionarios de la administración bonaerense de la exgobernadora María Eugenia Vidal, por el hallazgo de videos de reuniones de su entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas impulsando el armado de causas contra dirigentes gremiales, la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este tipo de prácticas que buscaban “quitar derechos y condiciones a los y las trabajadoras, apuntando directamente y con causas armadas a dirigentes sindicales”.
La denuncia de la AFI quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La interventora del organismo de inteligencia, Cristina Camaño explicó: “Los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal”. Según detalló, de este encuentro participaron, además de Villegas, el ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia de la provincia Adrián Grassi, el senador Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata Julio Garro y empresarios como Marcelo Jaworski (director general de Copetro), Fabián Cusini (constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco), Fernando Sacrachi (director de ACIP), Guillermo Moretto (presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata) y otras personas que no pudieron ser identificadas.
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Durante la reunión, Villegas manifiesta: “Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Luego, dando cuenta de la estrategia de armado judicial, explica: “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos”.
En otro tramo, el funcionario de Vidal añade: “Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la procuración general, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. Luego, confirmando sus intenciones de avanzar también contra el empleo público, plantea: “Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”.
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Ante estos escandalosos dichos oficiales de la gestión bonaerense anterior, desde la CGT afirmaron: “Ante la aparición de hechos que permiten confirmar, definitivamente y sin dudas, que en la Argentina existió durante el gobierno de Cambiemos un artero ataque político cuyo objetivo era disciplinar y condicionar, entre otras organizaciones, a los representantes del movimiento obrero, merece nuestro repudio institucional”. Y añadieron: “Que el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo Gestapo nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas”.
La central obrera consideró que la reunión prueba “un verdadero modus operandi coordinado por el poder político, donde el fin no era otro que quitar derechos y condiciones a los y las trabajadoras, apuntando directamente y con causas armadas a dirigentes sindicales”. En consecuencia, se rechazan “enfáticamente” estas “maniobras” que “se alejan de las prácticas democráticas que necesitamos para construir un país donde la división de poderes sea un valor importante para convivir en paz y armonía social”.
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“El modo de discernir las diferencias siempre es la discusión política y nunca puede ser la ilegalidad de una coacción de quienes representan al Estado. Coacción que tenía por objetivo atacar a los más débiles y sus instituciones obreras en la búsqueda de la quita de derechos y de representatividad gremial. Urge que la Justicia tome directa intervención ante esta denuncia y avance aplicando la ley que estos funcionarios pretendían forzar y evadir”, añadieron.
Pera terminar, el Consejo Directivo Nacional de la CGT afirmó: “Los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales o acuerdos a espaldas de los trabajadores. Cada beneficio en cualquier Convenio Colectivo o en el marco legislativo de protección laboral ha sido el producto de la fuerza solidaria de los trabajadores. Y eso no puede, ni debe, someterse a la intencionalidad política de un gobierno para beneficiar a los socios de turno”.
