En la Confederación General del Trabajo (CGT) se anuncia para hoy una reunión central en lo que refiere al involucramiento directo de los sindicatos en las decisiones estratégicas del país, discutidas con una vorágine y una vehemencia poco habitual para los meses iniciales de año, recargando la agenda a partir de proyectos de ley y de mega DNU, presentados por un gobierno que desorienta a propios y extraños y que traslade debates profundos tanto a los distintos poderes del Estado, como a los diferentes actores representantes de los intereses del país.
En este caso, en lo que refiere a los trabajadores, el encuentro en la sede de la calle Azopardo con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que preside Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), y de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), encabezada por Guillermo Pereyra, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, apunta a definir políticas de acción conjunta para áreas de energía-petróleo, gas, electricidad, químicos, hidrógenas, nucleares y otras como la eólica o la solar, que tendrán fuerte desarrollo en el corto plazo y que ya son asignatura pendiente para la agenda nacional- y las distintas formas del transporte –marítimo, aéreo, fluvial, terrestre, tanto por rutas como por vías ferroviarias, entre otras-; que prioricen un desarrollo estratégico del país, con el foco puesto también en que muchas de estas áreas integran la larga lista de las intenciones privatizadoras de la actual administración gobernante.
De hecho, uno de los focos de la discusión, apuntará a definir una estrategia conjunta, que además comprometa a legisladores de ambas cámaras, gobernadores e integrantes del cuerpo judicial, para impedir la aprobación de artículos de la ley ómnibus que explicitan este objetivo del oficialismo, además de sumarse a la campaña en contra de brindar facultades delegadas al Poder Ejecutivo y utilizar las posturas de diferentes organismos nacionales e internacionales que condenan las sanciones contra las protestas sociales, tanto en los espacios públicos, como a través de mecanismos administrativos.
