Durante un acto, junto al Gobernador Kicillof, la vicepresidenta, Cristina Kirchner volvió a pedir la reforma integral del sistema de salud, algo que generaba cierto rechazo dentro de la central obrera, por incluir modificaciones en la administración de las obras sociales sindicales, algo cuya autonomía actualmente es exclusiva de cada sindicato.
De hecho, hace algunas semanas en uno de sus comunicados desde la calle Azopardo habían expresado que alentaban la “continuidad de la gestión actual» en la Superintendencia de Servicios de Salud, ante el temor de posibles cambios de funcionarios, algo que se desprende también de la implementación del nuevo proyecto.
Lo cierto es que el impulso de la reforma de integrar el sistema público y privado con preponderancia estatal toma cada vez más fuerza, y la conducción de la CGT ya analiza la posibilidad de manejarse con una mayor “ductilidad” y participar del cambio, que “ir al choque” de una transformación que parece inevitable.
La reestructuración es debatida en el Frente de Todos, con una iniciativa en estudio desde 2019, y los tiempos de pandemia parecen haber generado el contexto ideal para avanzar hacia ese lugar, por lo que según parece, “obligan” a una mayor “flexibilidad”, algo que se plantea la CGT en éste momento, en el que seguramente “elegirán” sentarse a la mesa del debate, ante la posibilidad de quedar “al costado” de las nuevas decisiones.
Autores del proyecto, que son actuales funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense difundieron como ejes de esas modificaciones un esquema mediante el que a través de una ley nacional, se cree un sistema integrado – publico-privado – donde por ejemplo, una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud, en el PAMI, en la ANMAT o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es el ente que controla a las obras sociales. Y entre otros planteos, apunta a que el Estado tenga poder de compra de medicamentos cuando resulte conveniente, al igual que en determinadas prestaciones.
Por otra parte, la iniciativa llama a establecer una suerte de paritaria nacional del sector de la salud para acortar las brechas salariales de los profesionales y formar a más de 100.000 enfermeros en todo el país.
La propuesta sugiere además la «incorporación del área de salud laboral al sistema integrado», lo que reemplazaría el área de «Riesgos del Trabajo» y daría lugar a «la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal».
Y, en cuanto a la recaudación de los fondos de las Obras Sociales Sindicales, el proyecto propone ir a “un sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga”. Con el objetivo de garantizar la devolución por los servicios prestados, señala la posibilidad de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la Superintendencia.
La CGT, está «activa» y busca un lugar protagónico en la reforma. Ante ese escenario y aprovechando su acercamiento con el presidente, ya se ha anticipado en varias oportunidades para plantear la necesidad de tener “a salvo” las obras sociales de sus sindicatos, hoy con números en rojo en un gran porcentaje. De hecho obtuvo ese compromiso cada vez, y en el último encuentro, que llevó a cabo a principios del mes con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, los funcionarios de Fernández, en principio, le confirmaron “la prohibición del cambio de obra social durante el primer año de relación de dependencia de un trabajador”, que durante ese período “deberá permanecer en la prestadora de salud de dicha actividad”.
