Luego del esperado plenario de secretarios generales en el hotel Empire, de la Fraternidad, llegó el anuncio: la CGT de los trabajadores convocó al cuarto paro general de actividades para el 25 de septiembre contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
Fue la conclusión del cónclave donde participaron 117 organizaciones confederadas, luego de que se analizaran profundamente una suerte de temas considerados “graves” y que ameritan un “urgente plan de lucha”. El que encabeza la lista de la central obrera es el “empleo” que está atravesando una “curva descendente” como consecuencia de la “destrucción de puestos de trabajos formales y no formales”, multiplicándose en forma aritmética la generación de trabajo precario”.
Le siguen en la lista: una “inflación descontrolada”, un esquema de “tarifas” que recae de modo brutal sobre los hogares. A esto se suma la bestial “devaluación de la moneda”, cuyo efecto hace estragos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
El documento final da cuenta también de la exigencia de paritarias libres y sin techo, de un rechazo a la última reforma previsional y a las que puedan venir y en especial el rechazo a cualquier intento de reforma laboral que atente contra los derechos de los trabajadores.
Desde la CGT ampliaron la cuestión a todo el ámbito social, señalando el momento que vive la “educación” como un “momento trágico”, al igual que la “salud pública” que carece de insumos y de las condiciones edilicias mínimas para un funcionamiento seguro. Reclamaron también los montos retenidos a las obras sociales sindicales, que ya no pueden financiar con recursos genuinos la suba de los medicamentos, de las prácticas médicas y los honorarios.
Destacaron también la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial como garantía jurídica de todos los ciudadanos y la libertad sindical para ejercer sus derechos en momentos donde algunos integrantes del movimiento obrero han sido sancionados con multas millonarias.
Finalmente se aportó, más allá de la medida de fuerza, la idea de establecer un Banco de Desarrollo Productivo Nacional que permita el acceso de las PyMEs a créditos con tasas bajas, una política integral de Desarrollo del Transporte vial, ferroviario, marítimo, aéreo y fluvial a fin de mejorar la competitividad y optimizar costos y una urgente reactivación de la obra pública, también paralizada por el ajuste y la megacausa de los cuadernos.