En las últimas horas el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió el “renovado intento” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de “subordinar” a la Justicia del Trabajo, por medio del traspaso de competencias propias del foro laboral a nivel nacional a la Justicia porteña.
“El oficialismo porteño y sus aliados pretenden votar, en la última sesión del año legislativo, la creación de una decena de juzgados laborales con la misma competencia que tienen hoy los juzgados nacionales del trabajo. Este absurdo constitucional solo cabe en la desesperada cabeza de aquellos que pretenden destruir la última garantía de reconocimiento de derechos que poseen los trabajadores”, detallaron desde la central obrera.
Luego explicaron que, en tanto CABA es sede legal del 90% de las empresas que emplean trabajadores en todo el país, la creación de un fuero porteño independiente implicaría dejar bajo su jurisdicción a casi todos los trabajadores del país. Lo que además tiene “dos agravantes”: el hecho de que la Justicia de la Ciudad “está subordinada al poder local, dado su sistema de selección y de acusación de magistrados” y además el Tribunal Superior Porteño tiene facultades casatorias (lo que implica que sus decisiones son obligatorias para todos los jueces inferiores).
“Es decir, la Corte Porteña decidirá el destino del reconocimiento de derechos de los trabajadores de todo el país. De esta forma, se perfeccionaría una flexibilización laboral, a nivel nacional, por vía judicial. En este marco de despidos, evasión impositiva promocionada e invitación a la desregulación del trabajo en relación de dependencia, debemos fortalecer instituciones como la Justicia”, enfatizaron.
En este sentido, la CGT “felicitó” la iniciativa del senador Mariano Recalde de crear 10 nuevos juzgados laborales en el ámbito de la Justicia Nacional y reafirmó la convicción de la central obrera de que la justicia laboral “debe federalizarse”, por lo que instó al Gobierno porteño de Jorge Macri a “abrir canales de diálogo social, para abordar la creciente informalidad laboral y su impacto en la litigiosidad, con la creación de instituciones pertinentes”.