Con los números en la mano, la Confederación General del Trabajo CGT dio a conocer el deterioro de la actividad laboral por pérdida de puestos de empleo y la caída del poder adquisitivo en los 17 meses de gobierno del Presidente Milei, conmemorados el sábado 10 de mayo.
Según el informe que dio a conocer, 185 mil trabajadores fueron despedidos, con una pérdida del poder adquisitivo, que ejemplifica en los $ 308.200.-, de ingreso básico, decretado de manera unilateral desde la Secretaría de Empleo, después de repetir la técnica de denostar el Consejo Nacional del Salario y Empleo, como espacio de discusión tripartita, del oficialismo junto a las cámaras empresarias y las centrales sindicales, y en los $ 296.481,74, determinados como jubilación mínima.
Asimismo, se concluye que los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo real, por una inflación que no mide de manera actualizada los consumos básicos de las familias trabajadores, por el hecho concreto del crecimiento del empleo informal y precarizado, a lo que, según denuncian, se suma la postura por la gestión de la Libertad Avanza, de impedir el funcionamiento de las negociaciones paritarias, no homologando los acuerdos con las patronales y presionando a las cámaras de las distintas actividades, para que no cumplan con lo firmado con las representaciones gremiales.
En este escenario, al que también se incorpora, un proceso electoral en marcha, -que reacomodará las representaciones legislativas-, determinante para definir en cuánto y de qué manera la reforma laboral será más o menos abarcativa de lo que hasta aquí se viene consensuando entre la dirigencia sindical y los bloques oficialistas y de la oposición en el Congreso Nacional.
Así, cada vez son más los gremios que integran la conducción de la CGT, dispuestos a avanzar en medidas de protestas que incluso vayan más allá de un paro general de 24 horas, como el realizado en el mes de abril. Desde las regionales provinciales, incluido el amplio territorio bonaerense, coinciden en el crecimiento del descontento laboral y social, que muchos dirigentes entienden que deben conducir canalizando la protesta, ya que la variante de la negociación, según concluía un referente del Consejo Directivo no es ni siquiera «un diálogo de sordos», haciendo referencia a que en muchos casos, las organizaciones gremiales no son convocadas para discutir las políticas laborales, a pesar de haber mostrado en mucho casos una fuerte vocación por evitar el enfrentamiento.
El ejemplo puntual se puso en superficie, por mandato de la cartera de hacienda que comanda Luis Caputo, con la presión hacia las cámaras mercantiles, para que no abonen los aumentos de salarios acordados por la Federación de Comercio, de Armando Cavalieri.
Este accionar de la administración libertaria, fue interpretado como un punto de inflexión, que obliga a la central de la calle Azopardo a radicalizar la protesta, obligados a demostrar capacidad de representación de los trabajadores en la demanda de la explícita pérdida de derechos y conquistas, que están exponiendo un palpable retroceso en la calidad de vida de toda la fuerza laboral.
