La CGT, con una amplia convocatoria al movimiento obrero, apoyó la intervención por parte del Estado nacional a Vicentin. Además, calificó a la determinación estatal como «justa, necesaria y avalada por la Constitución y las leyes nacionales».
Por otro lado, la central obrera mencionó que se deben «garantizar» los «6 mil puestos de trabajo y salarios». Además, recordó que de Vicentin dependen 20 mil empleos de manera indirecta. Y llamó a los dueños de la compañía «irresponsables» y «depredadores», que con su accionar puedan quedar en el tendal «miles de productores agrícolas en situación de quebranto».
También, indicó que la firma recibió por parte de la gestión anterior 18 mil millones de pesos, «es el caso testigo de esa delincuencia de guante blanco que se debe terminar».
Sobre este tema, el diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, reiteró este «apoyo de las centrales sindicales del país» a la intervención de la administración Fernández a la cerealera y una eventual expropiación si así lo decide el Congreso Nacional.
En ese sentido, el diputado del FdT insistió en destacar que «todo el movimiento sindical argentino» se encuentra «a favor de la intervención de Vicentin», y consideró que «este momento está muy bueno porque empiezan a verse quiénes son los que defienden la delincuencia de guante blanco».
Los trabajadores de Vicentin se manifestaron a favor de que intervenga el Estado
«Desde siempre nosotros defendemos la existencia de un país donde se puede hacer negocios y ganar dinero pero no estafando a la banca pública», advirtió el diputado peronista.
