La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció al gobierno nacional como responsable de ataques a manifestantes, periodistas y diputados nacionales, entre ellos Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA y recientemente electo legislador nacional, quien dejó de participar del debate en la cámara baja para “apaciguar la grave situación, mientras una vez más la policía volvía a disparar contra el pueblo”, sufriendo incluso en carne propia el accionar de las fuerzas de seguridad.
A través de un documento, que lleva la firma del Consejo Directivo, la CGT acusa al actual gobierno de la “represión y violencia”, ejercida ante “toda manifestación de protesta, por el hecho de no aceptar un modelo basado en un DNU de falsa necesidad y urgencia; y una Ley Ómnibus intervenida por las grandes corporaciones empresariales y en condiciones irregulares para su dictamen y tratamiento”.
Y acusa al presidente Milei de iniciar “su gestión bordeando el filo de la legalidad institucional, violando reglas y procedimientos constitucionales, desconociendo leyes y sembrando violencia para generar miedo en la sociedad argentina, a la que se propone degradar, desintegrar y seguir empobreciendo”. Y señala: “un pueblo necesitado de soluciones, no de delirios, ni de mentiras, ni de palos”.
Asimismo, responsabiliza por los hechos represivos de la tarde/noche del jueves 1ro de febrero, “generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra Patricia Bullrich”, que según explicitan desde la CGT, “desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias:
jubiladas/os, agrupaciones barriales, trabajadoras/es de prensa y hasta Diputadas/os Nacionales en ejercicio”.
Y en este sentido también critica el accionar de gran parte de los integrantes de la cámara baja del Congreso que “por voluntad de la mayoría oficialista, continuó como si nada estuviera ocurriendo, sosteniendo la puesta en práctica de este llamado “protocolo” anti protestas, que ya fue denunciado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y que fue expresamente ilegalizado por la ONU (Organización de Naciones Unidas) y declarado “no compatible con los estándares internacionales”.
