Por Pedro Perucca
Mientras el Gobierno nacional posterga por una semana la reunión del Consejo del Salario, moviendo el encuentro del 22 al 30 de agosto para darle más tiempo al flamante ministro de Economía Hernán Lacunza de presentar una propuesta oficial más interesante, la Confederación General del Trabajo insiste con la exigencia de un “bono primavera”, un pago especial para los trabajadores en relación de dependencia de características similares al “bono de fin de año” de 5 mil pesos acordado en noviembre del año pasado.
Mientras se monitorea el impacto de la devaluación del 25% en los precios y se espera una oferta superadora de los 16 mil pesos que originalmente pensaba ofrecer el Gobierno como nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la central obrera ya abrió diálogos informales con funcionarios de distintos sectores del oficialismo en vistas a presentar este nuevo “alivio” a los trabajadores asalariados, apenas alcanzados por la promesa del presidente Mauricio Macri -después de la debacle post electoral y la corrida cambiaria subsiguiente- de rebajar el pago de impuesto a las ganancias (en aproximadamente 2 mil pesos) y de que el Estado asuma durante los meses de septiembre y octubre el costo del impuesto conocido como Aportes personales, lo que significaría unos 2 mil pesos extra para los trabajadores en relación de dependencia.
Postergaron la reunión del Consejo del Salario mientras Lacunza procura mejorar la oferta
A estas promesas se sumó una polémica iniciativa para congelar el precio de los combustibles por 90 días (que se debió imponer por decreto ante la falta de acuerdo con las petroleras), hoy cuestionada judicialmente por las provincias petroleras, y la rebaja del IVA a algunos productos de la canasta familiar, iniciativa que los gobernadores también impugnan por el impacto que tendría sobre la masa de recaudación coparticipable. Las iniciativas de “alivio” del oficialismo, además de leerse como claramente electoralistas, enfrentan numerosas resistencias en un esquema económico donde la ambición de cumplir con el déficit cero comprometido con el Fondo Monetario Internacional ha dejado muy poca tela para cortar sin perjudicar a otros sectores.
En el plano estrictamente salarial, mientras que algunos sindicatos cerraron paritarias, en línea con lo propuesto por el Gobierno, aumentos de entre 28 y 30% con cláusulas de revisión (Comercio, UPCN, UOM, estacioneros y otros); otros acordaron aumentos con ajustes automáticos trimestrales de acuerdo a la inflación acumulada durante el período (Sanidad, Bancarios, Smata y Uocra, por ejemplo). En el primer sector la demora en llegar al punto en que se active la cláusula de revisión (en enero, en muchos casos) llevaría a que el impacto devaluatorio se sienta con mucha fuerza durante los próximos meses, lo que preocupa a la CGT. En este sentido también el “bono primavera” funcionaría como compensación ante el retraso paritario.
En ese contexto complejo, la CGT ya dejó claro que no tiene intenciones de plantear ninguna medida de fuerza que pueda tensionar el camino hacia las elecciones de octubre, garantizando gobernabilidad para la eventual transición a un gobierno del Frente de Todos. Por eso ya tendió puentes de diálogo con el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica (que desde el gremialismo se evalúa que con la salida de Dujovne consolidó su rol en el Gabinete, pasando a integrar la mesa chica de Gobierno) para ir preparando el terreno para el planteo de un nuevo bono, que podría hacerse efectivo en el mismo Consejo del Salario del próximo 30 de agosto. Las primeras reacciones de Sica habrían sido positivas, dejando la puerta abierta a un avance en este sentido. Está claro que luego de la estrepitosa derrota electoral en las PASO, el oficialismo se manifiesta dispuesto a considerar opciones que hace unos meses hubiera rechazado de plano.
