La reconocida empresa de la provincia de Santa Fé a través de un comunicado oficial debió salir a aclarar que sus plantas industriales se encuentran en funcionamiento y que está «co-construyendo una propuesta superadora» para sus cooperativistas acreedores, ante la iniciativa de productores y corredores de granos de llevar adelante un reestructuración de la compañía para saldar deudas, evitar el desguace y desplazar al directorio actual.
Es que, pasados los meses la situación se tensa cada vez más, y aunque haya salido de la escena mediática, el conflicto está y los acreedores esperan cobrar sus deudas sin más dilaciones. La propuesta, que fue elevada a las autoridades de la aceitera, fue acompañada también por bolsas de comercio y de cereales del país y por la banca pública, a la cual se le debe más de $30.000 millones por préstamos impagos.
Es que los bancos públicos nacionales afectados por el concurso de la firma respaldaron la propuesta de un grupo de productores agropecuarios y acreedores, que fue presentada a fines de febrero para evitar su «desguace» y recuperarla, antes de que se pierda todo y ya no haya posibilidad de cobrar ni de seguir produciendo.
Tanto las entidades bancarias como el Estado provincial y nacional están en la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo y que “permita la recuperación de la producción y los puestos de trabajo».
Si bien, luego del intento de intervención por parte de la gestión de Alberto Fernández, que se vio frustrado por la salida a las calles del sector ruralista y los sectores de la oposición que tomaron el tema como bandera de ataque, Vicentín con un perfil más bajo continúa reordenándose e intentando volver a ponerse en pie, con la ilusión de volver a tener la dimensión exportadora que tenía, pero luego de saldar la deuda multimillonaria y fraudulenta contraída en éstos años con organismos nacionales y extranjeros.
