La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT), repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en diferentes áreas del transporte, remarcando que «bajo el disfraz de la eficiencia y la competitividad, promueve la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional, destruye la industria y amenaza gravemente el trabajo argentino”.
La central sindical emitió un comunicado firmado por su titular Juan Carlos Schmid, junto al Secretario de Prensa de la CATT, el aeronavegante Juan Pablo Brey, donde denuncian que esta «ofensiva» de la administración libertaria «demuele el entramado normativo y operativo construido durante décadas, a través del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que han sostenido con profesionalismo y compromiso un sector estratégico para el desarrollo del país”, rechazando puntualmente la desregulación de la Marina Mercante.
Además, adelantaron que el próximo martes 27 de mayo, realizarán un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir acciones gremiales contra «la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan los trabajadores del transporte».
En la misma línea, criticaron las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional, impulsadas por la Secretaría de Transporte. “estas decisiones afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino”.
Asimismo, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, destacando que atraviesan una crítica situación como consecuencia del desmantelamiento del organismo, el cierre de distritos, el congelamiento de obras públicas y el avance de la precarización laboral; “esta ofensiva atenta no solo contra la fuente de trabajo, sino también contra la conectividad territorial y el desarrollo productivo del país”, destacaron.
Por otra parte, denunciaron que ”la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado”. Y concluyeron que esta actitud “configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en nuestra Constitución Nacional capítulo 14 bis y en el convenio 87 de la OIT”.
