La Asociación Bancaria cuestionó en duros términos la propuesta del Gobierno de Javier Milei de avanzar con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin siquiera dar a conocer cuáles serían las condiciones específicas para el nuevo endeudamiento nacional.
El oficialismo envió al Congreso, para su “revisión”, el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, autorizando un nuevo acuerdo con el Fondo. Desde la organización gremial que encabeza Sergio Palazzo denunciaron que con esa iniciativa se “comete un nuevo fraude”. “Y es una aberración que un DNU sea considerado válido sólo porque una sola de las cámaras del Congreso no lo rechace, lo que está sucediendo durante este Gobierno por complicidad o compra de voluntades”, añade el comunicado.
La Bancaria considera que el DNU es “ilegal”, en tanto la Constitución determina que es potestad del Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, mientras que la Ley 27612 determina que “todo programa de financiamiento que se acuerde con el FMI requiere de UNA LEY aprobada tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores”.
En este sentido, el gremio sospecha que el Gobierno intenta ocultar las condiciones del “arreglo” con el organismo financiero internacional porque “implican la cesión de importantes activos nacionales, entre los cuales van a intentar nuevamente la entrega del Banco de la Nación Argentina, y un mayor ajuste económico para acelerar una brutal transferencia de recursos”.
Según denunciaron, esto busca beneficiar nuevamente a “las grandes corporaciones financieras transnacionales” (como ya sucedió en con la fuga de capitales tras el préstamo del Fondo de 2018, acordado por la gestión de Mauricio Macri y Luis Caputo), “los formadores de precios” (que, “liberados por los DNU de Milei y Caputo, imponen precios brutales a los alimentos, la energía y otros servicios”) y “los comisionistas u operadores que pudieran estar vinculados” (incluyendo corporaciones financieras y sus directivos, funcionarios, consultoras y estudios especializados que ayudan a “gestionar” el círculo vicioso del endeudamiento).
Si este proceso avanza solo contribuirá a seguir destruyendo el “poder adquisitivo de las familias y la demanda en el mercado interno, mientras cae la actividad productiva, crecen el cierre de empresas y los despidos”, añaden. Y enfatizan: “Es un nuevo y gigantesco fraude que -como en 2018- no podría hacerse sin el concurso de las autoridades del Fondo, que así empujan a la Argentina hacia un quebranto”.
En ese marco, La Bancaria denuncia que “estamos en una grave emergencia institucional, con incertidumbre, sin seguridad jurídica, con una represión brutal creciente” y con un Presidente “que declara como objetivo destruir al Estado, suplanta al Congreso arrogándose facultades legislativas, con un Poder Judicial con creciente deterioro institucional”.
Por todo esto, concluyen que el Banco de la Nación “no puede convertirse en sociedad anónima ni privatizarse” y que la deuda con el FMI “deben pagarla sus beneficiarios” (y el Congreso impulsar un Fondo Nacional para el pago de la deuda “con recursos provenientes de quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron con esa deuda”). También sostienen que el Poder Legislativo “debe hacerse cargo de la negociación sobre la deuda pública”, derogando con urgencia los DNU emitidos desde el 10 de diciembre de 2023 y las facultades legislativas “que inconstitucionalmente se han concedido al Presidente”, además de constituir una Comisión de Seguimiento de la deuda “que investigue el acuerdo contraído ilegalmente” durante el gobierno de Macri, reclamando, además, “iniciar de inmediato el procedimiento de Juicio Político” contra Milei “para garantizar el funcionamiento constitucional del Estado, la seguridad política, jurídica y de las personas”.
