El consejo directivo de la CGT comenzó esta semana el debate para producir una reforma estatutaria que permita ampliar del 30% al 50% la participación de las mujeres en la conducción a partir del próximo turno de renovación de autoridades, previsto para el 11 de noviembre, aunque las gremialistas quieren debatir cómo se concretará la iniciativa para «que sea un hecho y no una mera formalidad como hasta ahora».
El objetivo de que el sector femenino de los sindicatos ocupe la mitad de los espacios de conducción en la central sindical implicaría duplicar la cantidad de integrantes del consejo directivo, que pasaría de 35 a 70 miembros, según las fuentes consultadas, y eso habla de una nueva conformación que hoy convulsiona a la tradicional organización donde las figuras femeninas han sido históricamente “simbólicas” en su representación.
El único antecedente relevante hasta ahora fue el de Susana Rueda, del Sindicato de Sanidad, cosecretaria general de la CGT en 2006 junto con el camionero, Hugo Moyano, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, que con su participación se convirtió en la primera mujer latinoamericana en llegar a un puesto de esa jerarquía.
Actualmente sólo una de las secretarías de la CGT están en manos de una mujer: Noemí Ruiz, del Sindicato de Trabajadores de la Moda, pues Sandra Maiorana de la Asociación de Médicos en la de Igualdad de Oportunidades y Género, dejó el consejo en el 2018, lo que habla a las claras de una modificación de gran dimensión, también por eso sacude el tablero.
De hecho, hace pocos días, Maiorana denunció recientemente en la Justicia por violencia de género, hostigamiento y persecución a cuatro dirigentes de su gremio de la seccional Santa Fe y los acusa de correrla de su cargo. La denuncia también habría llegado al Ministerio de Trabajo y hasta al INADI. “Múltiples y distintas conductas han exteriorizado su misoginia hacia mi persona, agrediéndome verbalmente en infinidad de situaciones y denostando mi cargo y la seriedad con el que ejerzo el mismo, para el que fui elegida por nuestros afiliados”, señaló la denunciante, que accionó oportunamente en tiempos de pleno debate de género en Azopardo.
Sancionada en 2002, la Ley 25.674 establece el llamado Cupo Femenino Sindical a través de “la integración obligatoria de mujeres en cargos electivos y representativos de las organizaciones sindicales, determinando que el porcentaje femenino será de un mínimo de un 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores y trabajadoras”. Hoy, en plena «revolución femenina», esos números resultan insuficientes.
En ese sentido, la CGT decidió el miércoles pasado, durante una reunión de su consejo directivo, que la renovación de autoridades se realizará el 11 de noviembre y que por fin se aplicará la legislación sobre el cupo femenino, además, con reforma de estatuto incluida donde cada secretaría será integrada por dos personas, un hombre y una mujer.
Pero el proceso no es sencillo puertas adentro de las organizaciones, que ya vienen revisando sus estructuras en vistas de la demanda necesaria de equiparar géneros y conscientes de la gran problemática laboral femenina, donde casi el 30% de las mujeres hasta 29 años que buscan empleo, pero están desocupadas, según cifras oficiales; además de recibir pagas menores a los hombres y estar en notable desventaja en puestos directivos o gerenciales.
Lo cierto es que en los hechos, los mismos defensores del cupo femenino que hoy celebran las conquistas son a menudo visiblemente “escrachados» por imágenes de cónclaves sindicales donde la foto refleja el 100 por ciento de asistencia masculina.
Es por lo menos sensato reconocer que hay mucho por andar en este tema, torcer una cuestión cultural que reservaba exclusivamente a los hombres ese lugar y que recalienta el debate por estas horas. Dificultad o debate que no está ajeno a los demás organismos y que se impulsa con fuerza desde la llegada del Ministerio de Género a la gestión de Alberto Fernández.
Será el turno de la CGT ésta vez y no son menores los “ruidos” que surgen a propósito de ésta cuestión. De hecho la “omisión” de Vanesa Siley en el apoyo de Azopardo a los candidatos legislativos de extracción sindical, hizo aparecer a la mujer sindicalista, presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo y miembro del Consejo de la Magistratura como “vetada” para integrar la conducción de la central.
Pero lo cierto es que, si bien, la abogada camporista, en 2014, en una movida gremial audaz desafió a Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y lo derrotó en las urnas en la seccional de Capital Federal, abriéndose luego de la UEJN y formando el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), que hoy conduce; esa organización tiene personería gremial sólo en el ámbito porteño, no en el resto del país, y ese sería el impedimento legal para encabezar la CGT que despejaría las dudas y los fantasmas respecto a exclusión por cuestiones políticas o sexistas.
