El pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, presentado por la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley (también secretaria General de la Federación Sindical de Trabajadores Judiciales Fe-SiTraJu), generó una fuerte conmoción política nacional, en el marco de la disputa en torno a la reforma judicial y a la resolución del Máximo Tribunal de analizar el planteo de “per saltum” de los tres magistrados cuyos “traslados” fueron cancelados por el Senado.
Frente a lecturas periodísticas que explicaban el pedido de juicio político como respuesta a la decisión de la Corte de aceptar el pedido de per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la referenta gremial explicó que su proyecto de resolución fue presentado el 25 de septiembre, días antes de que se tomara esa decisión. Además, detalló que el pedido de jury es “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, explicó Siley desde sus redes sociales.
Judiciales en pleno paro y desconexión por recomposición de salarios
Y agregó que como el mal desempeño “no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que, debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance”. En particular, la legisladora cuestionó la actuación del Presidente de la Corte en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”, relacionados con la última dictadura militar, así como también las demoras en darle tratamiento a una causa ligada con Carlos Pedro Blaquier, uno de los dueños de la azucarera Ledesma: “Es responsable de cajonear la causa ‘Blaquier’ para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”, detalló la titular del Fe-Sitraju.
Aunque la diputada integra el Frente de Todos, desde Casa Rosada se despegaron del pedido de juicio político, aclarando que fue hecho “a título personal”: “La diputada presentó un pedido que retoma el sentido de antiguos proyectos y los actualiza con hechos que a su entender protagonizó Rosenkrantz en causas por violaciones a los derechos humanos con posterioridad a 2017”.
El debate también en torno a las relaciones con la Corte Suprema también expresa diferentes posiciones de los gremios del sector judicial, con el Sitraju apoyando activamente la llamada reforma judicial que envió el oficialismo al Congreso y la Unión de Empleados Judiciales (UEJ) encabezada por Julio Piumato oponiéndose a la misma, tanto por ser un proyecto que no consideran “oportuno” en el marco de la epidemia como por algunas otras consideraciones de fondo.
“El gobierno ha anunciado una reforma de la justicia federal, el traspaso de la justicia penal a CABA y la creación de una Comisión de estudio para modificar la composición de la Corte Suprema. A pesar de la promesa hecha por el presidente de la nación a la CGT -que los/as trabajadores/as seríamos consultados sobre proyectos que nos involucren- y los numerosos intentos de entablar diálogo entre esta Organización Sindical y la Ministra de Justicia, los/as judiciales no fuimos escuchados”, afirmaron desde el gremio.
En particular el gremio de Piumato, cuestionanó el traspaso de un sector de la Justicia Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires: “El proyecto se llama de ‘organización de la justicia federal’. Sin embargo, alude en buena parte de su desarrollo, al traspaso de la competencia penal ordinaria al ámbito de la justicia porteña, algo que hace años viene reclamando el PRO. Por eso lo primero que nos preguntamos es qué acuerdos y sociedades desnuda esta decisión”.
Las organizaciones gremiales de los trabajadores de la Justicia se hacen lugar en medio del duro debate político, legislativo y judicial, en torno a los proyectos de modificación de la estructura judicial argentina y la idoneidad de distintos magistrados para ocupar sus cargos.
