La brutal represión oficial a la marcha de jubilados del día miércoles 12 sigue teniendo múltiples repercusiones políticas y judiciales. Por un lado, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió la represión del día de ayer por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y pidió la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras que la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) respaldó a la jueza Karina Andrade (quién resolvió la liberación inmediata de los más de 100 detenidos durante la protesta).
El gremio de prensa repudió la brutal represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dejaron a más de cien personas detenidas y decenas de heridos (incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, en coma por el impacto de una granada de gas lacrimógeno). El SiPreBA remarcó que Grillo concurrió a la protesta como fotógrafo y denunció que “una hora antes del horario en el que estaba convocada la manifestación”, se desató un “enorme y violentísimo operativo de seguridad montado por el gobierno para dispersar, reprimir y criminalizar la protesta”.
Violenta represión y detenciones arbitrarias en marcha de apoyo a trabajadores jubilados
El sindicato explicó que Grillo “estaba sacando una foto cuando un proyectil de gas lanzado por las fuerzas de seguridad, lo impactó y lo hirió de modo tal que está en riesgo su vida”, además de aclarar que “no fue el único herido de prensa”, ya que durante la jornada “al menos 15 compañeros y compañeras trabajadores de prensa habían sido afectados por gases, balas de goma, agredidos por las fuerzas de seguridad y algunos por manifestantes en medio de la desesperación y el clima de violencia instalado por la ministra Bullrich”. Luego concluyeron exigiendo que el gobierno de Javier Milei tiene que “dejar de reprimir a la protesta y a la prensa” y sosteniendo que el mandatario “es responsable de sus consecuencias”.
Por otra parte, la UEJN que encabeza Julio Piumato hizo público su “firme apoyo” a la jueza Andrade, quien dictaminó la liberación de los detenidos (denunciando las irregularidades en el proceder de las fuerzas de seguridad y enfatizando que la protesta callejera es un derecho constitucional). Según el gremio judicial la decisión de la jueza se basó en los principios jurídicos “que garantizan el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales”.
La UEJN también cuestionó en duros términos los ataques del oficialismo hacia la jueza, planteando que “no se puede permitir que el Gobierno ataque a una magistrada por aplicar la ley con independencia y apego a los principios constitucionales”. Para terminar, denunciaron que “criminalizar una protesta social sin pruebas es un intento claro de persecución política y de disciplinamiento de la Justicia”, repudiaron la “persecución política” y ratificaron el histórico compromiso gremial con “la defensa de la Justicia y con cada magistrada, magistrado, trabajadora y trabajador judicial que sufre presiones por cumplir con su labor de manera digna e independiente”.
