Un vasto conjunto de sectores populares de Italia se congregó en Roma, más precisamente en la plaza Piazza de San Giovanni, para reclamarle al Estado soluciones inmediatas. La movilización fue liderada por un sindicalista que cada vez cobra mayor relevancia, Aboubakar Soumahoro, nacido en Costa de Marfil y nacionalizado italiano.
Entre los que marcharon, gracias a la viralización del evento que se logró gracias a las redes sociales, había desocupados, inmigrantes ilegales, jóvenes precarizados, artistas, jubilados, estudiantes y ecologistas, entre otros, que vieron como la pandemia golpeó severamente sus bolsillos y el Gobierno no ha ofrecido medidas contundentes. Se denominó «la plaza de los invisibles», en la que hubo distanciamiento social y barbijos.
Los manifestantes pidieron un «cambio verdadero» y se entusiasmaron con «salir de la invisibilidad y crear una red. No somos solo cuerpos para explotar». También prometieron nuevas protestas y Soumahoro sostuvo que «dentro de los muros de los palacios del poder no entienden los dolores y sufrimientos de muchas personas. Hice la huelga de hambre para pedirle al gobierno no solo que escuche mi voz, sino la voz de la multitud de invisibles, que no solo son los trabajadores del campo, sino los desocupados, los precarios, los estudiantes, los artistas, los free-lance, los riders».
Uno de las propuestas del movimiento ante Giuseppe Conte fue la de establecer una «patente alimentaria». Un sistema por el cual se declare que determinado alimento no fue producido gracias a la explotación de los jornaleros, que normalmente trabajan en los campos en condiciones terribles, bajo las denominadas nuevas formas de esclavitud. El Gobierno no ofreció respuesta todavía.
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Además, se pidió la declaración de la la emergencia laboral ya que, de acuerdo al gremialista líder, «acrecentó las desigualdades sociales ya existentes, la disparidad salarial entre hombres y mujeres, las nuevas formas de pobreza y la discriminación de los jóvenes».
Por otro lado, cada vez son más los inmigrantes ilegales, sobre todo de África, que piden que el Estado otorgue una regularización «importante» para paliar su situación ya que los planes que lanzó «no sirvieron de mucho», como dijo Soumahoro, quien denunció que continúa el empleo ilegal en los campos y en los servicios domésticos.
