Los principales datos de fuentes oficiales y privadas confirman el diagnóstico de recesión grave para la economía nacional. En los últimos días, incluso el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) corrigió a la baja los datos publicados previamente. Las Pequeñas y Medianas Industrias (PyMEs), principales generadoras de empleo en el país, se encuentran al borde del colapso y ya casi el 20% reconoce dificultades para pagar los salarios. Y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), reglamentado hace pocos días por el Gobierno de Javier Milei, suma preocupaciones extra para el sector.
En base a los datos publicados por el organismo estadístico oficial en su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se confirmó un recálculo a la baja de la actividad económica nacional, en especial en lo que hace a los datos de abril y mayo. Respecto del cuarto mes del año la variación interanual se corrigió de 0 a -0,9% mientras que la intermensual pasó de 1,6 a 2,1%. Para mayo, los valores fueron de 1,9% (2,3% previo) y 0,7% (1,3% previo), respectivamente. Con estos nuevos datos, la caída de la actividad económica en los primeros cinco meses del año pasó de 2,9% a 3%.
Se sostiene la recesión en todos los sectores, sin indicadores de recuperación a la vista
“En consecuencia, el nuevo piso para la actividad se ubicaría en el mes de abril de 2024 (antes era marzo) y estaría 8,1% abajo del último máximo (julio 2022) y 6,7% debajo de agosto de 2023 (inicio de la seguidilla de caídas mensuales). En tanto, durante el segundo trimestre de 2024 se habría promediado un nivel de actividad 1,7% inferior al del primero y -1,4% inferior al del mismo período del año pasado”, explicaron desde la consultora Outlier.
La recesión económica que generó el gobierno de Javier Milei provocó una fuerte caída en la actividad de las pymes que registraron en julio el octavo mes de caída consecutiva, con el sector empresarial planteando cada vez con más fuerza sus dificultades para pagar los salarios (con 19,3% de las empresas denunciando esta grave situación). A esto debe sumarse no sólo el dato del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), que confirmó las PyMEs trabajaron en julio con el 60,6% de su capacidad instalada, sino también la reciente información de que desde el inicio de la gestión libertaria cerraron casi 10 mil pequeñas o medianas empresas.
El 70% de los despidos de la era Milei fueron responsabilidad de las grandes empresas
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) denunciaron en base a un relevamiento periódico propio: “Este escenario se agrava por las dificultades en el acceso al financiamiento y los altos costos operativos, lo que coloca a muchas pymes en una situación difícil y con márgenes de rentabilidad estrechos”. Al respecto, añadieron que “los principales obstáculos que enfrentan en estos momentos tuvieron como protagonista con el 39,3% a la falta de ventas, mientras que el 37,2% se refirió a los altos costos de producción y logísticos, el 12,2% a la falta de acceso al financiamiento y otro 5,9% a los problemas de cobranza”. En ese marco, el 33,4% de los encuestados tuvo que reducir gastos operativos en los últimos meses, otro 23,9% diversificó sus productos y un 15,9% tuvo que reducir la cantidad de horas laborales.
Mientras los empresarios del sector PyME denuncian esta dramática coyuntura y exigen medidas de emergencia al Gobierno de Milei, desde el Ejecutivo, lejos de responder a estos reclamos, se reglamentó el RIGI, enmarcado en la Ley Bases, iniciativa que busca reactivar la alicaída economía nacional por la vía de grandes inversiones externas, ofreciendo a empresas privadas importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por inversiones en sectores estratégicos.
¿Qué reforma laboral buscan imponer Gobierno y empresariado con la reglamentación de la Ley Bases?
Tras los sucesivos reclamos PyME mientras la Ley Bases se debatía en el Congreso, el oficialismo aceptó incorporar un artículo que exigiera que el 20% de las inversiones se cubra con proveedores proveedores locales, pero la reciente reglamentación de la iniciativa “no garantizó una integración nacional en insumos y bienes de capital argentinos, que empuje a la producción nacional”, según se desprende de un reciente informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA). Así, el 43,3% de las empresas encuestadas consideró que la iniciativa no cambiará la situación actual y el 38,5% anticipó que “empeorará” la situación de las PyMES (sólo un 18,3% manifestó esperanzas de mejoría).
