Después de que el presidente Javier Milei vetara en los últimos días tres leyes sancionadas por el Senado (la que establecía un aumento de emergencia para jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la que declaraba la emergencia en discapacidad) se espera que haga lo mismo si la Cámara Alta convierte en leyes los proyectos de Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica o Ley Garrahan, que recibieron media sanción la semana pasada en Diputados. El reciente avance del Gobierno por decreto contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), después de que la Cámara Baja impugnara el DNU de desguace, ofrece preocupantes señales en este sentido, generando una grave incertidumbre en todo el sector sanitario y de la educación superior.
El proyecto de financiamiento universitario fija aumentos salariales y para gastos de financiamiento, recuperando lo perdido contra la inflación en el último año y medio y estableciendo actualizaciones periódicas, en un formato similar al que ya fuera aprobado el año pasado y luego vetado por el Poder Ejecutivo. Pero esta vez la oposición cuenta con números más amplios y está muy cerca de los dos tercios que le permitirían “blindar” el proyecto contra el eventual veto. Los gremios docentes universitarios denuncian que los atrasos salariales acumulados ya implican una pérdida superior al 40% en relación con los salarios percibidos en 2023. Además, este deterioro también genera el abandono de numerosos docentes y profesionales de las universidades nacionales, que ante el sistemático desfinanciamiento estatal terminan resignándose a buscar salarios más dignos en el sector privado.
Tras doce durísimas derrotas en Diputados, el Gobierno amenaza: «Vamos a vetar todo lo que podamos»
Una situación similar se da en el caso del Hospital Garrahan, en lucha hace más de un año para reclamar una recomposición salarial del 100%. Las renuncias de médicos y profesionales ya se cuentan por decenas, poniendo en riesgo el mismo funcionamiento de la institución. La ley de emergencia pediátrica que tuvo media sanción en Diputados establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial del Garrahan, además de una «recomposición inmediata» de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial, incluyendo a los residentes. Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital (que para este miércoles 13 tiene prevista una nueva jornada de paro y movilización), anticipó respecto de un posible veto: “Si Milei veta la ley, la CGT y la CTA deben convocar a un paro nacional”.
Mientras el Senado define fecha para una nueva sesión, en la que abordarían estos dos proyectos de ley y las cinco impugnaciones a los decretos presidenciales que aprobó Diputados, el Gobierno nacional sigue avanzando como si nada hubiera sucedido. Este martes, mediante el Decreto 571/2025, se dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo sus funciones a la Presidencia del organismo, un paso más en el proceso de desguace que se viene aplicando, que incluye despidos, retiros voluntarios y la liquidación de una gran cantidad de centros de experimentación, campos y edificios.
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