El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles en la República Argentina (SGyMGMRA) manifestó su apoyo a las organizaciones sindicales del sector aeronáutico por las medidas de acción sindical que vienen desarrollando en el marco de su discusión paritaria con Aerolíneas Argentinas y repudió la ofensiva antisindical del Gobierno de Javier Milei.
El gremio que encabeza Roberto Coria se solidarizó especialmente con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y repudió el accionar de la empresa y del Gobierno Nacional por sus intenciones de avanzar contra el derecho de huelga de los trabajadores del sector.
Además, Coria destacó que estas acciones se encuentran amparadas por los convenios internacionales de trabajo y por la Constitución Nacional, para “satisfacer los elementales derechos de autonomía colectiva y de tutela de los intereses de los trabajadores, en especial cuando se pone en riesgo el derecho alimentario del salario”.
En la misma línea, el gremialista criticó la postura que viene manteniendo tanto los funcionarios gubernamentales como de la empresa, la cual “sólo se enfoca a producir una persecución de los trabajadores, con el despido de los mismos, con evidentes causas motivadas por el conflicto sindical”.
Por otra parte, señaló que el Gobierno Nacional a través del Decreto 825/24, publicado en el Boletín Oficial por el que avanza en la declaración de “esencialidad” del sistema aeronáutico, “conculca los principios y Convenios de la OIT, los Tratados de Derechos Humanos y Sociales – Arts. 75 inc 19 y 22 de la Constitución Nacional, y el Art. 14 bis que tutela el derecho de huelga como un derecho fundamental de los trabajadores”. Al respecto, Coria añadió que este “exceso” de las facultades del Poder Ejecutivo se concreta “violentando un derecho humano fundamental” por “declarar a los conflictos en el sector sujetos a un régimen especial, que los convierte en servicios esenciales, y limita la autonomía colectiva”.
Guincheros reiteró su repudio del accionar empresario y del Gobierno, definiéndolo como “de persecución de los trabajadores y sus organizaciones sindicales” y acusándolo de violentar “el derecho esencial de todo Estado democrático, como es el derecho de huelga de los trabajadores ejercido a través de sus organizaciones sindicales representativas”.
