La reconocida cadena de electrodomésticos Garbarino suma otra mala noticia. A los casi 4.000 empleados cesanteados, que siguen sin cobrar sus sueldos hace seis meses y no tienen aportes ni obra social, se le suman los despidos masivos efectuados a la firma Compumundo.
Los despedidos hasta ahora sólo cobran el Repro, la ayuda del Gobierno, mientras la empresa sigue bajando la cortina de sus locales y enviando telegramas de despido a empleados de Compumundo, que suman otras 150 empleados desvinculados de la firma.
Hoy se puede ver en avenidas y shoppings que, casi no quedan locales abiertos de la compañía. De momento, solo existe la venta on line, lo que genera una situación de enorme angustia entre los despedidos que aún siguen sin entender los motivos del despido.
El argumento del Grupo dice que se debe «a la difícil situación económica y financiera que atraviesa la empresa”. Según sus expresiones, “la sociedad ha registrado una estrepitosa baja de las ventas que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia», pero no es algo que desconociera, Carlos Rosales cuando oficializó la compra de Garbarino en junio del 2020, en plena pandemia.
Por el contrario de lo que sucede, se esperaba que enfrentara las deudas millonarias existentes resolviera la precaria situación de casi 4000 empleados. Los telegramas de despido describen que «es de conocimiento de todos los trabajadores el enorme esfuerzo para intentar palear esta situación, lo que incluyó la presentación administrativa de un Procedimiento Preventivo de Crisis PPC, así como la búsqueda de un inversor que inyectara capital, circunstancias que por razones específicas y particulares, no han tenido andamiaje».
Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo informaron que «No se aceptan PPC desde que están prohibidas las suspensiones y despidos», por lo que esa vía no habría sido contemplada. Con respecto a la venta, Carlos Rosales rechazó más de dos propuestas de compra, de Facundo Prado de Supercanal y de un grupo norteamericano porque consideró insuficiente las propuestas de varios millones de dólares que recibió por sus compañías.
Garbarino culpa a la pandemia y según expresa “no le queda otra alternativa que notificar el despido bajo los términos del artículo 247″. Y en el último renglón “declara inconstitucional los DNU del Gobierno y sus sucesivas prórrogas, que protegen los derechos de los trabajadores en pandemia. Se aferra al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que el empleador puede despedir por fuerza mayor, falta de trabajo y causas económicas no imputables al empleador y permitía que se pueda pagar el 50%de la indemnización”.
