Durante la tarde de este viernes circularon noticias preocupantes sobre la situación de las casi 40 personas detenidas en el marco de la manifestación de este miércoles contra la Ley Bases, a las que el Gobierno nacional de Javier Milei pretende imponerles cargos gravísimos vinculados con el terrorismo y a las que aún no se les garantizó la excarcelación. Organizaciones gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos denuncian que las detenciones fueron “al voleo” y que se está llevando adelante una peligrosa criminalización de la protesta.
Los 39 detenidos durante los disturbios del miércoles aún no fueron liberados y en algunos casos fueron trasladados a penales como el de Ezeiza o el de Marcos Paz, en una inédita escalada punitivista contra la protesta social. El fiscal federal Carlos Stornelli, con el aval de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que incluso evaluó que su cartera se presentara como querellante), pidió que se le dicte la prisión preventiva a los detenidos, alegando cargos gravísimos que incluyen delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, los cuales estarían contemplados en el fuero federal.
El Gobierno logró aprobar la Ley Bases en el Senado, aunque con cambios importantes
“Atento a la gravedad de los hechos, tomando en consideración el estado incipiente de la investigación, la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí-, sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente con la investigación, solicitaré que ordene sus prisiones preventivas”, explicó Stornelli.
Después de que un tribunal de la Ciudad rechazara tomar la causa, la misma quedó en manos de la jueza Federal María Romilda Servini, quien todavía no decretó la excarcelación de los detenidos. Este viernes la magistrada comenzó a tomar las declaraciones indagatorias, con una considerable demora, que hizo que las personas detenidas (en algunos casos con problemas de salud) tuvieran que pasar otras innecesarias 24 horas detenidos, en condiciones de hacinamiento y violencia. La práctica habitual en estos casos de evidentes detenciones en el marco de una protesta, es la liberación después de la indagatoria. Pero no viene siendo así, ya que el Gobierno presiona a la Justicia para imponer figuras penales de mayor gravedad.
Contundente movilización en Congreso contra la Ley Bases, con gran presencia sindical
En este sentido, inmediatamente después de las protestas, desde las redes de Oficina del Presidente (un organismo inexistente en el organigrama estatal), plantearon: “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.
Con el correr de las horas se multiplican en redes fotos y videos que muestran que los hechos de violencia provinieron de grupos aislados no relacionados con las columnas de manifestantes, que algunos no dudan en definir como “infiltrados”, y que muchos de los detenidos fueron “al voleo”, con las fuerzas policiales abordándolos sin que hubiera razón alguna que justifique tal proceder, ya que se encontraban en situación absolutamente pacífica. En algunos casos, las detenciones se produjeron muy alejadas de Congreso, en momentos en que las fuerzas de seguridad dispersaban la manifestación hacia la avenida 9 de julio.
Exigimos la inmediata liberación de nuestro compañero de SATSAID que fue detenido y herido durante la brutal represión desplegada por el Gobierno nacional en las inmediaciones del Congreso.
¡Protestar no es delito!#SATSAIDenLucha pic.twitter.com/m5iVh3wTmu— SATSAID Nacional (@SATSAIDnacional) June 14, 2024
Entre los detenidos se cuentan integrantes de asambleas barriales y de movimientos sociales, vendedores ambulantes, transeúntes sin relación con la protesta, estudiantes (del Instituto Superior de Formación Docente Nº1 de Avellaneda, de la Universidad y de la Universidad Nacional de San Martín, entre otros), por lo menos dos docentes (incluyendo a un delegado de Ademys) y un afiliado al Sindicato de Televisión (Satsaid). Tras las detenciones, abogados y familiares denunciaron que a algunos se los mantuvo innecesariamente esposados y en el camión celular durante horas, antes de ser alojados en algunas dependencias policiales de la ciudad en condiciones de hacinamiento. En las últimas se derivó provisoriamente a alguno de ellos a los penales de Ezeiza y de Marcos Paz.
“Desde Ademys estamos acompañando afuera de la comisaría 4 exigiendo la liberación de nuestro compañero Juan Spinetto, delegado y afiliado a nuestro sindicato. Basta de criminalizar la protesta. Libertad a todos los detenidos de esta comisaría y a las compañeras que están en la 15”, denunciaron anoche desde el gremio docente, tras manifestarse en la puerta de la Alcaldía porteña para reclamar la liberación de los detenidos. Ademys incluso convocó a un «cese de tareas» a partir de las 13.30 de este viernes para participar de la conferencia de prensa donde informó la situación de los detenido y se lanzó una campaña nacional e internacional por su libertad. Muchos otros gremios ya manifestaron su repudio a la violencia policial, a las detenciones arbitrarias, a las desproporcionadas figuras legales que se intentan imponer y a la intención oficial de “criminalizar la protesta social”.
Desde Ademys presentes en la conferencia de prensa por la libertad de todxs lxs detenidxs.
Reclamamos por nuestro compañero docente Juan Ignacio Spinetto.
Protestar no es un delito. pic.twitter.com/qFvxt9iDv7— Ademys (@AdemysPrensa) June 14, 2024
