Ese lunes gremios como APJ Gas, Aceiteros, APSEE y otros mantuvieron una reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados Walter Correa (FdT, Curtidores), Vanesa Siley (FdT, Judiciales) y Patricia Mounir (FdT, Sadop) para plantear modificaciones al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias (que se define como “impuesto al salario”) que presentó hace algunos días el Presidente de la Cámara Baja Sergio Massa.
Participaron de la reunión representantes de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera), la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas), Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (Cepetel), Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), regionales de Luz y Fuerza de La Pampa y Zárate y la Federación de Trabajadores/as Jerárquicos de la República Argentina, entre otros.
El sindicato del Personal Jerárquico del Gas, el gremio conducido por Rubén Ruiz, ya había dado a conocer una serie de propuestas de mejoras para el proyecto, partiendo de la oposición básica a que se cobre un impuesto al salario, por considerarlo “injusto y porque grava algo que no existe con los actuales niveles inflacionarios: ganancias excedentes del sueldo mensual». Al respecto, añadieron: «Sin embargo, no fuimos capaces de construir una fuerza movilizada para que este tema que afecta a 2.300.000 trabajadores/as tuviera otro tratamiento. Este proyecto es una oportunidad para que 1.267.000 trabajadores/as dejen de pagar este impuesto y otros 300.000 paguen menos y también una oportunidad para unirnos y modificar aspectos que puedan hacer peligrar la continuidad positiva de este logro”.
En este sentido recordaban que en el año 2000 -cuando reapareció el impuesto al salario- solo lo pagaban los niveles gerenciales pero ya en 2005 la proporción fue del 11% de los trabajadores, en 2013 se llegó al pico de 29,5%, en 2019 llegó al 23,2% y en el 2020 al 25,6%. Con el nuevo proyecto lo pagaría aproximadamente el 10% de los asalariados, volviendo a los niveles originales.
En la reunión con los legisladores, todas las organizaciones gremiales acordaron exigir una “actualización semestral” de acuerdo a los valores expresados por la mayor evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o RIPTE que mide la evolución salarial para que “la inflación no degrade en el tiempo los nuevos niveles a partir de los cuales se producen los descuentos” y “mantener las alícuotas escalonadas de pago del impuesto por umbrales de excedencia, manteniendo las alícuotas de tributo y escalas, incrementada proporcionalmente a partir del mínimo imponible, establecidos en el artículo 94 de la ley 20628”. En este sentido explicaron que “con el proyecto actual corremos el peligro que ante una nueva paritaria exitosa superemos los nuevos umbrales previstos y terminemos pagando montos más elevados”.
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También se acordó planear de conjunto que la reglamentación que se apruebe sea implementada a partir del 1º de enero de 2021; exceptuar del tributo las horas extras, turnos diagramados y guardias, zona desfavorable, riesgosa o inhóspita y asignación planta, antigüedad y viáticos; exceptuar también las compensaciones por guardería, escolaridad y becas e incluir en las deducciones mensuales, el total de los conceptos “Cuotas médico–asistenciales” y “Honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica”.
Según confirmaron los gremios, la devolución de los diputados “fue muy buena y comunicaron que estuvieron con otros colectivos sindicales cuyas preocupaciones son similares a las expresadas por nosotros dado que detectaron inconsistencias en el sentido de nuestras propuestas”. Al respecto, agregaron que “obviamente, será una negociación a contrarreloj y con las limitaciones objetivas del momento económica pero expresaron que su objetivo es privilegiar los derechos laborales, el poder de compra de los salarios y la dinamización del mercado interno”.
Legisladores de la Comisión de Trabajo y representantes gremiales acordaron “continuar los contactos mientras se discuta el presente proyecto de ley y mantener estrategias convergentes para lograr que los puntos observados puedan ser modificados en favor de los trabajadores/as y delimitar el daño que causa este injusto impuesto en nuestros salarios”.
