Desde distintos sectores de la salud se pronunciaron sobre la salida del hoy ex ministro de Salud Ginés González García, planeando fuertes cuestionamientos a la pervivencia de privilegios que implican un severo problema legal y ético y no un simple “error”, como plantean algunas voces buscando minimizar el incidente. Tanto desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) como desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostuvieron críticas de este tenor.
Desde Fesprosa recordaron que la entidad ya venía “denunciando esta situación” que expresa una “profunda crisis moral” en la dirigencia política nacional. La presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, consideró al respecto: “Lo ocurrido con dirigentes del más alto nivel no fue lo único y demuestra que existe una profunda crisis moral en la dirigencia política argentina, y tiene que ser resuelta como precondición para poder establecer políticas que favorezcan a los sectores populares”.
En cuanto a las demoras con la campaña de vacunación, la dirigente explicó: “El Gobierno nacional encaró la campaña de vacunación con una épica triunfalista sin tener en sus manos las herramientas necesarias para que pueda llevarse a buen puerto, como lo es la disponibilidad de vacunas. Esto era así y lo sigue siendo porque el mercado mundial está hoy acaparado por los países centrales”. Y agregó: “Es decir que Argentina se encontraba -se encuentra- en una escasez relativa y un atraso serio en los planes. En ese marco, las escasas vacunas disponibles fueron distribuidas de acuerdo a una prioridad sanitaria muy clara. Sin embargo, en muchas provincias (Santa Fe, Catamarca, La Rioja y otras) se detectaron desviaciones muy serias que fueron denunciadas por la Fesprosa públicamente y ante el Ministerio de Salud de la Nación”.
Por esto, desde Fesprosa han pedido una entrevista urgente con la nueva titular de la cartera sanitaria Carla Vizzotti, con el objetivo de “plantearle todos los temas pendientes”, priorizando la “transparencia” del plan de vacunación pero sin desatender “las deudas pendientes para con el sistema público de salud”, incluyendo la necesidad de convocar una paritaria nacional, extender el bono estímulo a todo el año y “encarar el prometido debate sobre la reforma del sistema de salud argentino que fortalezca al sector público”. “No vamos a hacer ningún tipo de prejuzgamiento pero sí vamos a exponer que hay temas urgentes a resolver”, agregó Boriotti.
Por otro lado, el secretario Adjunto de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma Río Negro Rodolfo Aguiar remarcó que el problema con el llamado Vacunatorio VIP “no se trata de un error o equivocación” sino que “es un accionar ilegal que afecta el derecho de las mayorías». Al respecto, agregó que “este hecho genera una gran indignación en todos aquellos trabajadores esenciales que hace un año están expuestos arriesgando sus vidas y todavía esperan ser vacunados”. Como ejemplo, recordó que en el Hospital Posadas quedan todavía más de 5.200 empleados sin vacunar.
En relación con el rol de los trabajadores del Posadas que fueron convocados a la sede del Ministerio de Salud para aplicar las vacunas a los funcionarios que no tenían turnos, aclaró: “Se debe deslindar toda responsabilidad del personal de salud trasladado y que pueda haber sido obligado a aplicar estas dosis fuertemente cuestionadas. Aquí los únicos responsables son los máximos encargados de la cartera de salud y de la propia Casa Rosada”.
“A esta altura, las vacunas son un bien escaso en el país y en el mundo. La cantidad de dosis que se habían destinado al Ministerio para la vacunación de privilegio es mayor a la que llegó a muchas provincias del país”, explicó Aguiar, detallando que Salud habría reservado un “remanente” de 3 mil vacunas Sputnik V con este destino. “Tenemos que terminar con esa cultura de gobierno de amigos. Porque en este caso empañó los importantes avances que se habían dado en materia de salud, como la recuperación de un ministerio, la rápida reconstrucción de los sistemas sanitarios públicos y privados y el acertado abordaje de la crisis sanitaria desatada por la pandemia”, enfatizó.
“La conducta de los funcionarios debe ser intachable. Nadie los obliga a ocupar los cargos. Están para servir al pueblo y no para avergonzarnos”, concluyó el dirigente estatal.
