Este lunes la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, difundió desde sus redes sociales la activació de un canal telefónico para recibir denuncias sobre posibles casos de “adoctrinamiento” en el sistema educativo, recuperando una iniciativa que ya había sido anunciada en abril de 2024 por el vocero presidencial Manuel Adorni. Gremios docentes de todo el país repudiaron la decisión como un “intento de instalar el miedo, el control autoritario y el silenciamiento de voces en el ámbito educativo”.
El 0800 de la llamada Línea Convivencia Escolar en realidad fue creado en 2017 como canal de comunicación oficial con la ciudadanía para cumplir con la Ley 26.892, sancionada en 2013, apuntando a la resolución de conflictos de convivencia en las escuelas. Pero a partir del anuncio de Capital Humano, que esta línea “nacional, confidencial y gratuita” se orientaría a recibir denuncias por supuestos casos de “adoctrinamiento”. “Educar no es imponer, es garantizar la libertad de pensamiento”, enfatizaron desde las redes de la cartera de Pettovelo, y añadieron: “El adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo es una vulneración de derechos. La educación debe respetar la libertad de conciencia de los alumnos, los padres y docentes”.
Pero la decisión, no comunicada oficialmente sino sólo por medio de redes sociales, parece haber sido tan poco planificada que ni siquiera los trabajadores de la línea estaban al tanto del cambio de orientación. desde el portal Trama Educativa, comentaron que en una comunicación con la línea, trabajadores de la misma manifestaron su sorpresa por el anuncio: “En realidad atendemos situaciones de conflicto entre pares y demás. Nos enteramos hoy por llamados que se publicó por este tema, pero la realidad es que como equipo no estamos informados, ni tampoco sabemos qué hacer con esa información”. Este nivel de improvisación parece más bien un intento de respuesta mediática al caso difundido en estos días de un alumno libertario de 16 años del colegio Primera Junta, del barrio porteño de Caballito, que denunció junto con su familia que debió retirarse del colegio por haber recibido agresiones verbales de estudiantes que cuestionaban la legitimidad de la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
Más allá de que las autoridades del colegio descartaron cualquier tipo de incidente grave y garantizaron que el alumno puede volver a la cursada en cualquier momento, el Ministerio de Educación porteño ya abrió un expediente y el propio presidente Javier Milei calificó el hecho como un caso de “adoctrinamiento”, enviando su apoyo al menor. También el responsable de comunicación de Casa Rosada reposteó el anuncio de Capital Humano, añadiendo: “Línea anti-adoctrinamiento. El kirchnerismo y sus segundas marcas siguen usando la educación pública para lavar cerebros”. La decisión se alínea con otra línea de denuncias de este tipo habilitada en marzo del año pasado por el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco de la gran lucha universitaria por el financiamiento.
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Frente al anuncio, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se rechazó “categóricamente” la iniciativa, definiéndola como una “medida prejuiciosa y arbitraria que solo busca enfrentar a la comunidad educativa y disciplinar a quienes sostienen todos los días la escuela”. Y añadieron: “No vamos a permitir que estas prácticas dictatoriales atenten contra el libre ejercicio de nuestra profesión y nuestro compromiso con una educación pública y democrática que forme ciudadanos críticos. La educación necesita recursos y no políticas persecutorias. Los docentes no adoctrinamos, enseñamos”.
En el mismo sentido, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) expresó su “más enérgico repudio” a la campaña oficial, denunciando que “no solo constituye un intento de persecución ideológica y amedrentamiento hacia las y los trabajadores de la educación, sino que atenta contra la libertad de cátedra, la pluralidad pedagógica y el rol fundamental de la escuela como espacio de pensamiento crítico, democrático y participativo”. Y concluyeron: “Alertamos que este tipo de iniciativas promueven la vigilancia y la censura, recordando prácticas oscuras de nuestra historia que nada tienen que ver con una educación en democracia y respeto a los derechos humanos. Desde CTERA ratificamos nuestro compromiso con una escuela pública, inclusiva, emancipadora y democrática. Rechazamos cualquier intento de instalar el miedo, el control autoritario y el silenciamiento de voces en el ámbito educativo. La escuela no es un campo de batalla ideológico: es un lugar de construcción colectiva, de pensamiento crítico”.
