El colectivo Inquilinos Agrupados, que este lunes a las 19 organiza un «ruidazo» nacional de protesta, el viernes pasado le envió una carta pública al presidente Alberto Fernández y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi para pedirles que se extienda el decreto que congela alquileres y suspende desalojos, que vence el 31 de marzo, “para que nadie quede en la calle”. La carta cuenta con una serie de importantes adhesiones políticas y gremiales.
Inquilinos Agrupados es una Asociación Civil sin fines de lucro con miles de adherentes que busca “representar los intereses del sector, defenderlos y ampliarlos”, proponiendo iniciativas legales, asesorando jurídicamente a los inquilinos en caso de conflictos, etc. La agrupación fue una de las impulsoras de la Ley de Alquileres recientemente aprobada, que venía siendo un reclamo histórico del sector.
A inicios de marzo, Ferraresi había confirmado que el decreto sobre alquileres no se iba a seguir prorrogando más allá de fin de mes, explicando que con este vencimiento “podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política”. En ese sentido destacó la importancia de “empezar a poner en función la Ley de Alquileres” y sostuvo que con el índice de actualización de los contratos que plantea la nueva ley “vamos a poder generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres, el BCRA fija el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos”.
Más allá de las expectativas oficiales, en la carta que Inquilinos Agrupados le dirige al Gobierno nacional pide que se “extienda el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler hasta que se elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región”.
En cuanto a la difícil coyuntura en la que el Gobierno nacional decide poner fin al congelamiento de alquileres, detallan: “Hace dos meses el gabinete nacional firmó el decreto 66/21, donde se decía que la pandemia modificó la cotidianeidad y las previsiones de los argentinos, y que muchos trabajadores, comerciantes, profesionales y pymes vieron afectados sus ingresos “fuertemente”. ¿Qué cambió en apenas 60 días para que se anuncie que no habrá prórroga del decreto?”
Y concluyen: “La extensión del decreto, además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo, y cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado que lleva adelante una maniobra inhumana de aumentos, incumplimiento de lo dispuesto por la nueva ley de alquileres y recurrentes amenazas, maltratos y hostigamientos hacia los inquilinos que intentan se cumplan sus derechos”.
El texto cuenta con importantes firmas de apoyo, entre las que se cuentan las de referentes de los Derechos Humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, colectivos como Ni Una Menos, y figuras de la política nacional y el sindicalismo como Juan Grabois (CTEP), Ofelia Fernández (legisladora FdT), Daniel Yofra (Aceiteros), Hugo Godoy (ATE Nacional), Ricardo Peidro (CTA Autónoma), Eduardo López (CTA de los Trabajadores CABA), Fernando Dondero (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Roberto Pianelli (Metrodelegados), Angélica Graciano (UTE), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y Walter Correa (Sindicato de Obreros Curtidores), entre otros.
