Gobierno y bancos públicos evaluaron proyectos de riego para 12 provincias, que podrían generar hasta 50 mil puestos de trabajo

En las últimas horas representantes del Gobierno nacional y de la banca pública analizaron una serie de proyectos que apuntan a incrementar la superficie agrícola irrigada en 12 provincias, una iniciativa que “permitirá reconstruir el tejido productivo de las cadenas de valor regionales, generar más de 50.000 empleos directos e indirectos y ampliar la capacidad de producción exportable”.

Durante la reunión se analizaron 21 proyectos para distintas regiones del país, que tienen un potencial de aumento de hasta 340.000 hectáreas de riego, lo que podría generar más de 22.000 empleos directos y alrededor de 30.000 indirectos en el rubro frutícola, hortícola, de frutos secos, aromáticas, cultivos industriales, cereales y forrajeras.

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Desde Jefatura de Gabinete se informó que la reunión, celebrada el en la Casa Rosada, l vicejefe de Gabinete Jorge Neme evaluó las distintas posibilidades de financiamiento e inversión para estos proyectos de ampliación de la superficie agrícola irrigada. Participaron del encuentro representantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), del Banco de la Nación Argentina (BNA), del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación.

Neme detalló tras la reunión: “Se trata de 21 proyectos de riego presentados, inicialmente, por 12 provincias para ampliar su capacidad de riego, una herramienta efectiva para intensificar una producción sostenible, articuladora de inversiones y generadora de exportaciones”. A esta cifra podrían sumarse otras iniciativas provinciales no incluidas originalmente en el plan de inversiones.

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El vicejefe de Gabinete destacó que estos proyectos “serán generadores de mano de obra y reactivarán las economías regionales”. Y agregó: “Entendemos que el aumento de la superficie irrigada para la producción agrícola generará un impacto positivo sobre los volúmenes de alimentos, el valor y la calidad de los mismos, además de mejorar las condiciones y oportunidades de desarrollo rural en distintas regiones del país”.

“Fortalecer la competitividad de las economías regionales y promover la reconstrucción del tejido productivo de las diferentes cadenas de valor deben ser factores centrales de las políticas públicas nacionales”, concluyó Neme.