Finalmente el Gobierno Nacional decidió suspender la iniciativa que pocos meses atrás fuera presentada como la principal herramienta para sostener el desarrollo de obra pública en el país: el sistema de Participación Público Privado (PPP). Este miércoles el presidente Mauricio Macri decidió no abrir los llamados a licitación previstos para los próximos meses debido al aumento del riesgo país, que llegó a una cifra récord de casi 800 puntos, y la previsible inestabilidad financiera.
Después de una reunión de urgencia en la quinta de Olivos, de la que participaron el ministro de Economía Nicolás Dujovne, el de Transporte Guillermo Dietrich, el titular del BICE Francisco Cabrera y el presidente del Banco Nación Javier González Fraga, Macri anunció la “suspensión” de los proyectos.
El impacto de la medida es todavía difícil de evaluar, teniendo en cuenta que era la principal apuesta oficial para incentivar a la economía nacional y fomentar la creación de puestos de trabajo desde el avance en obras de infraestructura, luego de que el Estado decidiera frenar la mayoría de los proyectos propios de obra pública en el marco del presupuesto de ajuste votado para 2019 a instancias del Fondo Monetario Internacional.
El proyecto comenzó a tambalear gracias a la combinación de la crisis económica, con el impacto en los costos de la devaluación, con la crisis política derivada del escándalo de los cuadernos del chofer arrepentido Oscar Centeno, que involucró a buena parte de las empresas constructoras del país que iban a participar del PPP (con lo que se les limitó fuertemente la posibilidad de conseguir financiamiento externo para las obras). Para intentar sostener el programa, el oficialismo aprobó un fideocomiso junto con el presupuesto 2019, con dinero que prestarían los bancos y serviría para financiar las eventuales obras.
De todas las obras planeadas sólo pudieron licitarse y entregarse seis corredores viales por intermedio del Ministerio de Transporte, que involucran la construcción de 2800 km de autopistas y 4.000 km de rutas seguras en un plazo de entre 30 y 60 meses. En el último tiempo el Gobierno venía reclamando fuertemente a las empresas ganadoras de la licitación que comenzaran con las obras, pero las demoras derivadas de los problemas de financiamiento las siguieron demorando. En 2019 el oficialismo amenaza con exigir informes periódicos de avance de las obras y hasta con ejecutar las garantías presentadas por las empresas.
Así, el programa PPP, presentado como la gran salvación para la economía nacional, se viene deshilachando día a día. El último ejemplo del fracaso del proyecto fue la reciente licitación de la represa mendocina Portezuelo del Viento, que en principio iba a encuadrarse dentro del sistema pero finalmente se llevó adelante una licitación tradicional. Más allá de los corredores viales licitados, otras obras para líneas de transmisión eléctrica; obras de agua, saneamiento y vivienda; complejos penitenciarios e inversiones en ferrocarriles quedaron en el limbo. El impacto sobre la construcción, un central dinamizador económico y de empleo, todavía es difícil de calcular, pero meses atrás desde el sector alertaban sobre la posible pérdida de hasta 40 mil puestos de trabajo.
Hace pocos días el Gobierno anunció la concentración en manos del jefe de Gabinete Marcos Peña de toda la obra pública nacional, que estaba a cargo del Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, pero ahora ese paquete quedó sensiblemente disminuido. Las únicas obras públicas que parecen poder prosperar el próximo año serán las que cuenten con financiamiento de organismos internacionales.
