Ante la suba de casos de covid-19 y las restricciones impuestas para disminuir la circulación de gente, el Gobierno analiza frenar nuevamente la suba de tarifas eléctricas prevista para el mes de mayo, algo que confirmó el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
“El aumento puede directamente no ser o puede ser de un 7% o un 9%”, advirtió Basualdo quien explicó que “es una posición no solo de los entes reguladores sino también de la Secretaría de Energía que administra el sector energético, las políticas, los subsidios específicos y la política tarifaria”, se explayó el funcionario.
El Gobierno se encuentra en un momento de terminar de dar forma a las subas previstas desde mayo. Y también en un momento de tensión entre ayudar a los sectores críticos y las demandas económicas de Guzmán desde el palacio de Hacienda.
“En la medida en que la situación sanitaria imponga nuevas condiciones, también vamos a acompañar desde el gobierno a los argentinos. En esa línea, la política tarifaria es una política clave para garantizar una distribución del ingreso que no sea regresiva, situación que se dispara en crisis como esta”, explicó Basualdo sobre el nuevo contexto por la segunda ola de contagios.
Otra de las medidas que se barajó en esa reunión fue la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda financiera para las empresas que tienen que trasladar a sus empleados en el marco de la pandemia y las nuevas restricciones. Algo como fue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante gran parte del 2020.
El Gobierno bonaerense resolvió que los prestadores de servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal, así como los prestadores del servicio de agua potable y desagües cloacales bajo jurisdicción provincial, deberán aplicar la Tarifa Cero a los consumos registrados por las Asociaciones Civiles de primer grado del territorio provincial.
Se trata de beneficios para instituciones como Clubes de Barrio, Centro de Jubilados, Centros Culturales, Sociedades de Fomento, Jardines Comunitarios u Organizaciones de Comunidades Migrantes, cualesquiera sean sus ingresos, y a las Mutuales de Organizaciones de Comunidades Migrantes que tengan ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del monotributo, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
En tanto, la norma establece “que las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la Provincia de Buenos Aires, que tengan ingresos anuales totales mayores al monto equivalente de la categoría G de monotributo, deberán efectuar el pago por Consumo Real de Servicios Públicos de agua potable y desagües cloacales, en los casos en que el sistema de facturación se efectivice por servicio medido”.
