Gas: La disputa por los plazos de facturación entre productoras y distribuidoras derivará en un aumento en la boleta

La posibilidad de que las distribuidoras de gas posean un plazo menor al que hoy tienen para abonarles a las productoras, las petroleras, derivará indefectiblemente en que los usuarios vean un incremento en las boletas el servicio.

Para el Gobierno, las distribuidoras deberán pagar por el producto en 30 días, y no en 75 como hasta ahora, en pos de generar «precios más competitivos». Sin embargo, como Camuzzi o Metrogas cobran el servicio cada dos bimestres, deberán recurrir a préstamos del mercado, cuyo costo financiero será trasladado a las tarifas.

Desde la Asociación de Distribuidoras de Gas ya elevaron su queja a la Secretaría de Energía, advirtiendo: «Se hizo un cálculo del capital de trabajo que necesitan todas las empresas de distribución para mantener la operación en el pico de demanda más alto del año, que es entre junio y octubre. El monto asciende a $31.342 millones. Para pagarlo, será necesario financiarse en el mercado porque, si se acortan los plazos de pago, no vamos a tener caja. Con las tasas de interés vigentes, calculamos una tasa mensual del 5%, que para nosotros significaría un costo financiero adicional de $9537 millones, si la medida cobra efecto».

«Hasta 2006, le vendíamos gas a toda la demanda, incluida la industrial, que pagaba a 30 días. Con eso se subvencionaba lo que tarda en pagar el usuario residencial, que son 60 días. Ahora la industria paga el gas por su cuenta, por lo tanto, no tenemos más esa facturación anticipada que teníamos antes», agregó la entidad en su mensaje hacia el área que conduce Gustavo Lopetegui.

En este escenario, en el que todos los costos son en dólares, las firmas distribuidoras requieren que la Casa Rosada de macha atrás con las «modificaciones en el plazo de pago a los productores de gas», algo que choca con los intereses de las petroleras que esgrimen que mayor días de cobro lleva «a una desinversión en toda la cadena del sector». Además, indicaron que «las distribuidoras pretenden que las productoras asuman el 100% de la devaluación de la moneda».

«Las distribuidoras deben tener el capital necesario para ejercer sus actividades y asumir el riesgo empresario que estas conllevan. La capitalización de las distribuidoras de gas es una decisión propia de cada empresa, de acuerdo con sus respectivas estructuras de costos», agregaron.

La decisión final está en manos de Lopetegui, quien tendrá que mediar entre los intereses de las empresas y los usuarios, en un año electoral y recesivo. Si avala mediante audiencia publica que el costo de financiamiento de las distribuidoras pase a las tarifas, se sumaría al de 35% de alza en el servicio anunciado por Javier Iguacel, un día antes de ser desplazado de su puesto. La confirmación llegará en febrero, cuando se fijen los precios para el invierno.