Tras las afirmaciones del diputado de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien en declaraciones a la prensa cuestionó explícitamente la obligatoriedad de la educación y justificó el trabajo infantil, numerosas organizaciones y referentes políticos y gremiales salieron al cruce de estas declaraciones peligrosas. Entre las reacciones más contundentes se cuentan la de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Benegas Lynch cargó contra las autoridades previas del entonces Ministerio de Educación (luego degradado a Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano que hoy encabeza Sandra Pettovello) afirmando que constituían un “comité de burócratas” a los que no se les podía delegar la responsabilidad de definir políticas educativas para todo el país. En ese sentido, el polémico legislador libertario llegó pronunciarse contra la obligatoriedad de la educación en todos los niveles y defendiendo incluso que la decisión de brindar o no educación básica a un menor quede absolutamente en manos de sus padres, que podrían optar por enviarlo a trabajar en vez de a la escuela, “porque lo necesitan en el taller”.
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Ante ello, la CGT emitió un comunicado en el que planteó un “repudio enérgico” a los planteos de Benegas Lynch y remarcó que “el trabajo infantil es un emergente de la falta de acceso a derechos de niñas y niños y no es, de ninguna manera, un acto de libertad sino que constituye un delito”. “Quieren ciudadanos ignorantes, para ser utilizados como ovejas, quieren domesticar para su propio provecho a los habitantes argentinos”, agregaron desde la central obrera.
La conducción cegetista denunciò que “creer que el trabajo infantil es el objetivo que toda familia pretende para sus hijos, es de una primitiva mirada de patrón de estancia”. Y concluyeron: “Desde la CGT luchamos incansablemente para erradicar este mal y sostenemos que el progreso social del ser humano se basa, entre otras cosas, en la educación”.
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Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se difundió un documento elaborado en conjunto por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa y la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) donde se remarca que planteos como los del legislador constituyen “una violación a la consagrada en la Ley de Educación Nacional que dispone la obligatoriedad de la educación en la Argentina, que como derecho fundamental se encuentra establecida en la Constitución Nacional, en la de la provincia de Buenos Aires y en la Convención de los Derechos del Niño”.
“El trabajo infantil es una problemática social y, en consecuencia, un asunto que compete al Estado y sus políticas públicas, es necesario afirmar el compromiso de la sociedad en su conjunto para abordar el tema integral considerándolo un flagelo social que no debe naturalizarse”, añadieron las autoridades bonaerenses para concluir reivindicando la necesidad de “diseñar y ejecutar políticas públicas específicas para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, que den respuesta no sólo a este problema, sino también, que permitan dar las discusiones en todos los ámbitos que sean necesarios, para garantizar infancias libres y trabajo digno para las personas adultas, un eslabón imprescindible para la erradicación del trabajo infantil”.
