Sindicatos de la CGT, movimientos sociales, organizaciones empresarias y civiles, de la producción y del sector académico que integran la “Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna”, con adhesión de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal y la Fresimona, reclamaron la urgente declaración de la emergencia alimentaria.
También la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de Cooperativas, y distintas entidades rurales se sumaron al pedido como, Coninagro, Carbap y la Federación Agraria, siguiendo los pasos de la Iglesia Católica, quien impulsa un fuerte reclamo al Gobierno sobre medidas económicas que contribuyan a “paliar el hambre” y contribuyan a la paz social.
Los intendentes del PJ, provincia de Buenos Aires, en persona encabezaron un pedido expreso a la gobernadora Vidal en la casa de la provincia de Buenos Aires en CABA, respecto a ésta declaración y le acercaron un documento en el que plantearon la “gravedad de la situación” en el conurbano bonaerense y también en el interior del país.
Del mismo modo, se expresaron los ministros de Desarrollo Social de ocho provincias solicitando la “emergencia nacional” y solicitando a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que convoque de inmediato a un “espacio federal de trabajo conjunto”.
El pedido de los jefes provinciales fue acordado en una reunión realizada en la Casa de Gobierno de San Juan, donde fueron recibidos por su anfitrión, Sergio Uñac, y de la que participaron los ministros de Desarrollo Social de Tucumán, Chaco, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Del encuentro participó también el diputado massista, Daniel Arroyo, quien se anticipa como el próximo ministro de Desarrollo Social de la Nación.
Los puntos fuertes del documento emitido, basados en la reasignación de partidas, la compra y el abastecimiento de alimentos por parte de las provincias, fueron articulados con el proyecto de ley de Emergencia Alimentaria Nacional que el PJ presentó en el Congreso de la Nación.
