Momentos decisivos se viven en el proceso judicial que busca determinar la responsabilidad penal en la firma Telecom de Francia por el suicidio de 35 de sus trabajadores tras la privatización que se produjo hace diez años atrás.
Cabe recordar que en 2009 Telecom pasó a manos privadas y, a partir de ese momento, comenzó un duro proceso de depuración del personal, con el objetivo de liquidar 22 mil puestos de trabajo de los 120 mil que existían en la firma a principios de 2000. La táctica fue, en principio, ofrecer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas pero luego comenzó a desestabilizar, tal como denuncian las organizaciones gremiales y abogados de las familias damnificadas, emocionalmente a los empleados, generando tal presión que optaron por quitarse la vida. Las cartas que dejaron los trabajadores antes de partir narran situaciones que se vivieron en la empresa estremecedoras.
Es más: se le atribuye al ex presidente de Telecom, Lombard, aunque él lo niega, haber dicho que tenía intención de «sacarse de encima a empleados de una forma u otra, por la ventana o por la puerta». Para la Fiscalía esto fue así y reclamó un año de cárcel y 15.000 euros de multa para siete directivos, acusados de «haber puesto en marcha un complejo programa de reestructuración que tenía como objetivo el despido de 22.000 de 120.000 empleados y 10.000 cambios de puestos de trabajo».
El Ministerio público requirió, a su vez, ante el Tribunal Correccional de París una multa de 75.000 euros para France Télécom, hoy denominada llama Orange, la primera gran empresa inculpada por «acoso moral» en Francia. «France Télécom fue en los años 2000 un símbolo del sufrimiento en el trabajo. Sólo en un año, de 2008 a 2009, 35 trabajadores se quitaron la vida, varios de ellos en su lugar de función», dijeron los sindicatos sobre lo que pasó.
Para los jueces de instrucción, este expediente es catalogado como «acoso moral organizado a escala de una empresa por sus dirigentes». A su vez, consideraron que existió un grupo de dirigentes que empleó un «dispositivos de desestabilización del personal» como «controles excesivos, marginalización de ciertos empleados y múltiples reorganizaciones».
«Estoy esperando que los viejos líderes digan que se arrepienten, que reconozcan que han ido más allá de los límites», dijo el representante del sindicato Sud, Patrick Ackermann. Béatrice Pannier, de 56 años, quien se desempeñó como operadora desde 1982 en la empresa y quien permanece con licencia médica desde 2011, cuando intentó suicidarse en su lugar de trabajo, dijo que espera que los acusados «utilicen excusas».»Mi vida está rota, pero la hora de la verdad ha llegado», aseguró.
Noémie Louvradoux, cuyo padre se quitó la vida en 2011 tras varios años de rotar de puesto en la empresa, declaró en el Tribunal Correccional de París: «Ustedes Mataron a mi padre. ¿Y todo esto por qué ?”. Un caso que, sin dudas, coloca en relieve las prácticas empresariales en pos de la productividad y la ganancia a toda costa.
