En las últimas horas no se lograron acuerdos salariales ni en la audiencia que se llevó adelante con el sindicato de conductores ferroviarios “La Fraternidad” ni en la que se concretó con los colectiveros organizados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que anticipa posibles medidas de fuerza en dos sectores clave para el transporte público.
El gremio, además, reclama una urgente atención a la infraestructura ferroviaria y al mantenimiento de las formaciones, absolutamente desfinanciados por el Gobierno de Javier Milei, advirtiendo por los riesgos que esto implica para los pasajeros. En ese marco, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, decidió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria dictada hace dos semanas ante la amenaza de paro del sector, estableciendo una nueva audiencia para el próximo 20 de enero.
En cuanto al gremio de colectiveros que lidera Roberto Fernández, en la última audiencia con las cámaras empresariales del sector reiteró que hay miles de choferes que aún no cobraron sus salarios completos de diciembre, por lo que sostener esta dinámica implica “empujar” a la UTA a las acciones directas.
En un escenario definido como “insostenible”, la UTA alertó: “Nos encontramos sin respuestas estatales, e incumplimientos de las obligaciones. No hay nadie que nos dé respuestas a los pedidos para sostener el sistema de transporte”. Y añadió: “Al día de la fecha hay empresas que no han podido terminar de abonar los salarios. Si se continúa de este modo, no quedará más remedio que realizar medidas para evitar los mayores perjuicios a los trabajadores y su sustento”.
El fondo de la discusión en el sector se relaciona con la decisión oficial de eliminar completamente los subsidios al transporte automotor de pasajeros, lo que lleva a las empresas a denunciar que sin esos aportes estatales no cierran sus esquemas de costos, por lo que en algunos casos pagaron parcialmente salarios y aguinaldos de diciembre.
“Desde el sector sindical no estamos en contra de un cambio en el sistema, como se ha dado en todo el resto del país. Si desde el Estado se pretende reducir los subsidios y compensaciones destinadas a los salarios lo comprendemos, pero necesariamente no se puede impedir la libertad de incrementar las tarifas, porque el dinero de nuestros salarios debe surgir de alguno de los recursos que abastecen el sistema”, afirmó el gremio. Pero aclaró: “Al pueblo no se le miente. No podemos permitir que los sueldos de los trabajadores sean la variable para que el Estado sostenga tarifas irrisorias al 35% de lo que vale en el resto del país, aun cobrando el impuesto al gas oil”.
